La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, Rebeca Aladro Echeverría, expresó que los 84 gobiernos municipales no están solos y que cuentan con el Poder Judicial como un aliado institucional para sostener el estado de derecho, la gobernabilidad democrática y la certeza jurídica en la entidad.
Durante su participación en la primera reunión anual de la Asociación de Alcaldes del Estado de Hidalgo, en Mineral de la Reforma, Aladro Echeverría reconoció a los municipios como el primer frente de atención ciudadana y el espacio donde las decisiones públicas se convierten en servicios, resultados y gobernabilidad cotidiana.
Subrayó que la división de poderes fortalece al Estado, al garantizar equilibrios, evitar concentraciones indebidas de poder y proteger los derechos de las personas. No obstante, advirtió que estos contrapesos sólo funcionan con coordinación, diálogo permanente y responsabilidad institucional.
“Desde el Poder Judicial respetamos plenamente la autonomía municipal y de los demás poderes del Estado. No intervenimos en decisiones políticas ni administrativas, pero asumimos con claridad nuestra función constitucional de acompañamiento, orientación y prevención de controversias desde la legalidad”, enfatizó.
Sostuvo que el momento actual exige ayuntamientos con visión preventiva, capaces de anticiparse a riesgos presupuestales, operativos, normativos y sociales. Cumplir oportunamente con la ley y armonizar políticas públicas, dijo, no es opcional, sino una condición para proteger el interés público y el uso responsable de los recursos.
En presencia del secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna; del presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Andrés Velázquez Vázquez; y del titular de la Auditoría Superior del Estado, Jorge Valverde Islas, coincidió en que las demarcaciones requieren claridad normativa, acompañamiento institucional y canales eficaces de comunicación para gobernar con estabilidad.
“La gobernabilidad genera confianza; la confianza impulsa el desarrollo; y el desarrollo se traduce en bienestar. Desde el Poder Judicial reiteramos nuestra disposición para contribuir, desde nuestras atribuciones constitucionales, a la construcción de rutas claras de cumplimiento normativo, a la prevención de conflictos y a la consolidación de un entorno de certeza jurídica”, concluyó.
