El Congreso de Hidalgo aprobó la iniciativa para reformar el artículo 141 Bis de la Ley para la Familia, con lo cual el Registro de Deudoras y Deudores Alimentarios Morosos será público, marcando un avance histórico en la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La enmienda establece que toda persona obligada a otorgar pensión alimenticia que incumpla durante 90 días, consecutivos o no dentro de un año, será inscrita en el catálogo, salvo que acredite estar al corriente o cubra la deuda correspondiente. Una vez confirmado el incumplimiento, el juez de lo familiar deberá ordenar de inmediato la inscripción.
Con esta modificación, la entidad avanza hacia la transparencia en un tema que por años permaneció invisibilizado: la violencia económica ejercida contra quienes dependen de la pensión alimenticia para su desarrollo integral.
La diputada Tania Meza Escorza, impulsora de la propuesta, destacó que la actualización responde a una exigencia social encabezada principalmente por mujeres y colectivas que luchan contra la violencia económica.
“Esto es justicia. Visibilizar a quienes incumplen con su obligación alimentaria es dejar de normalizar una forma de violencia que afecta directamente a las infancias. Hidalgo no puede seguir ignorando esta realidad”, afirmó.
Meza recordó que entidades como Oaxaca, Coahuila, Puebla y la Ciudad de México ya cuentan con padrones públicos y han demostrado que estas medidas fortalecen la protección de derechos y reducen la impunidad.
El listado será público sin vulnerar datos personales, pues se regirá conforme a la legislación en materia de protección de datos en posesión de sujetos obligados. Su propósito es garantizar que la ciudadanía conozca quiénes han evadido una responsabilidad legal que repercute en el bienestar de niñas, niños y adolescentes.
Con esta aprobación, Hidalgo se suma a los esfuerzos nacionales inspirados en la Ley Sabina, cuyo objetivo es combatir la violencia económica y vicaria mediante mecanismos institucionales más eficaces.
