El diputado local priista y dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Hidalgo, Marco Antonio Mendoza Bustamante, afirmó que es falso que cada legislador del Congreso de Hidalgo cueste 11 millones de pesos al año, cifra que fue mencionada en el debate sobre la reforma electoral.
Aseguró que el costo real de un diputado es cercano a 600 mil pesos al año, muy por debajo de lo que se afirmó el pasado jueves durante la conferencia matutina que encabeza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
El legislador sostuvo que la narrativa de que cada diputado representa un gasto millonario forma parte de un “discurso de falsa austeridad”, con el que —dijo— se busca generar enojo entre la ciudadanía para justificar cambios dentro del marco electoral.
Explicó que los asambleístas locales reciben un salario aproximado de 45 mil pesos mensuales, además de un apoyo parlamentario cercano a 50 mil pesos, recurso que —aseguró— no es para uso personal, sino que se audita y se destina a actividades legislativas y de gestión.
Mendoza Bustamante insistió en que dividir el presupuesto total del Legislativo entre los 30 legisladores para afirmar que cada uno cuesta 11 millones de pesos es una simulación, pues ellos no administran ese dinero ni participan en la toma de decisiones sobre su distribución. “No costamos ni el 10 por ciento de esa cifra”, afirmó.
El también presidente estatal del PRI cuestionó el discurso que —dijo— pretende desacreditar a los diputados de oposición bajo el argumento de que no son conocidos por la ciudadanía.
Señaló que ese señalamiento se utiliza para justificar cambios en el sistema de representación política y aseguró que los parlamentarios del partido gobernante, Morena, no tienen presencia en sus distritos. En ese sentido, indicó que hay comunidades donde la población ni siquiera sabe quién es su representante.
El priista explicó que el Congreso se integra por diputados de mayoría relativa y de representación proporcional, conocidos como plurinominales. Los primeros son electos directamente en los distritos, mientras que los segundos llegan a través de listas de partido para garantizar la pluralidad política y la representación de distintas fuerzas.
Desde su perspectiva, el planteamiento del denominado Plan B de reducir el número de legisladores no responde a un verdadero ahorro presupuestal, sino a una estrategia política.
Señaló que la reducción de diputaciones podría afectar principalmente a los espacios de representación proporcional, lo que disminuiría la presencia de partidos de oposición.
Finalmente, advirtió que el trasfondo de la enmienda electoral es reducir o desaparecer las voces opositoras en los congresos locales. Adelantó que el PRI votará en contra de esta propuesta electoral si se presenta en el ámbito estatal, al considerar que se trata de un intento de desmantelar la representación política y concentrar el poder en un solo partido.
