Durante la sesión del Congreso local de este miércoles, se presentaron dos iniciativas para fortalecer el marco legal en favor de los derechos humanos. La primera busca sancionar los discursos de odio dirigidos a personas integrantes de la comunidad de la diversidad sexual; la segunda, erradicar la discriminación laboral contra mujeres embarazadas o que maternan.
En el primer caso se propone adicionar una fracción VI al artículo 202 Bis del Código Penal para el Estado de Hidalgo, en materia de erradicación y sanción de mensajes de intolerancia, especialmente aquellos dirigidos a grupos prioritarios y, de forma específica, a quienes se identifican como parte de la comunidad LGBTTTIQA+.
En esta propuesta se establece que comete el delito de discriminación quien, por razones de expresión de género o características sexuales, atente contra la dignidad humana, anule o menoscabe los derechos y libertades de otra persona o grupo, o niegue el derecho a la salud y a servicios.
Asimismo, quien “veje o excluya a grupos de atención prioritaria o vulnerable, también provoque, incite, emita o apoye a difundir acciones y discursos basados en odio, violencia, prejuicio, estigma o discriminación contra cualquier persona o grupo de atención prioritaria o vulnerable”.
La punibilidad se mantiene de uno a tres años de prisión y multa de 150 a 300 veces el valor diario de la unidad de medida de actualización (UMA). Sin embargo, se aumenta en los casos en que quien comete el delito sea servidor público, jefe directo o cuando se actúe en contra de mujeres embarazadas, personas indígenas, infantes, personas con discapacidad o personas adultas mayores.
El segundo planteamiento modifica el artículo 11 Bis de la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Eliminar la Discriminación en el Estado de Hidalgo. En el documento se detalla que también se considera discriminación “el restringir, condicionar, obstaculizar o negar a las mujeres el acceso a la permanencia, el desarrollo profesional o el ascenso en el empleo por razones relacionadas con el embarazo, la maternidad o el ejercicio del derecho a la lactancia”.
Ambos proyectos buscan consolidar un entorno legal que garantice la inclusión, el respeto y el ejercicio pleno de derechos, tanto en espacios públicos como laborales.
