Entre febrero de 2021 y junio de 2025, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) ha recibido un total de 111 quejas o denuncias por violencia política en razón de género (VPRG), informó en entrevista el consejero Alfredo Alcalá Montaño.
Del total de casos recibidos, 35 han sido desechados. En este sentido, explicó que esto no siempre significa que no exista el delito, sino que en muchos casos no se cuenta con pruebas suficientes, sobre todo cuando se trata de agresiones digitales.
"Si la cuenta está en el extranjero, si la cuenta es una persona que formalmente no existe, si no tenemos los datos, son algunas de las limitaciones que se pueden tener", lamentó, señalando además la tardanza en las respuestas por parte de plataformas de redes sociales.
Se identificaron también seis casos “no presentados”, es decir, donde la víctima no formalizó o ratificó la denuncia, a pesar de haber indicios de violencia. En 33 más, se determinó la inexistencia de las infracciones y, en uno más, la persona denunciante se desistió del procedimiento.
Pese a estas limitaciones, Alcalá Montaño destacó que se han logrado avances importantes, como la implementación de acciones afirmativas en la última elección local, lo que permitió que actualmente un 49 por ciento de los ayuntamientos en Hidalgo estén gobernados por mujeres.
Esta medida no sólo permitió avanzar hacia la paridad, sino que además —según Alcalá Montaño— en los 20 municipios donde se estableció la obligación de postular exclusivamente a mujeres, se observó una reducción de casos de violencia política durante la contienda.
En cuanto a los castigos, el Registro Estatal de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género cuenta con cinco individuos. Las conductas acreditadas incluyen desde expresiones misóginas y discursos con estereotipos de género en redes sociales, hasta agresiones digitales para demeritar la capacidad política de las víctimas y limitación del ejercicio del cargo.
Las sanciones impuestas a estas personas limitan su acceso a cargos públicos por periodos variables. Uno de los casos más recientes es el de Diana Marroquín Bayardo, cuya sanción concluyó el 17 de junio de este año, después de estar inscrita por aproximadamente tres años en dicho registro.
