Después del fracaso de la Reforma Electoral en la Cámara de Diputados, la presidenta Claudia Sheinbaum puso sobre la mesa un “Plan B” que incluye, entre otras cosas, la posibilidad de reducir el número de regidores en los ayuntamientos del país. La sola idea ha despertado reacciones encontradas, como casi todos los temas en esta época de polarización política que vivimos, pero en una reflexión honesta, tal vez es una discusión que vale la pena tener.
En teoría, los regidores cumplen una función clave dentro del gobierno municipal. Son representantes electos que integran el cabildo, que es el órgano máximo de decisión de un ayuntamiento, deliberan sobre las decisiones públicas, aprueban presupuestos y supervisan la actuación del presidente municipal. En otras palabras, es una figura que fue diseñada para funcionar como contrapeso serio y hasta técnico dentro del propio ayuntamiento.
Sin embargo, la práctica política de los últimos años ha ido dibujando una realidad muy distinta. En muchos municipios hidalguenses, los cabildos han terminado convirtiéndose en espacios donde no hay lugar para el debate político profesional, ni la expresión respetuosa de ideas; en cambio, abunda la descalificación y palabrería política. Y es que, si hablamos con honestidad, en la mayoría de los casos, las regidurías, mas que representar a la ciudadanía, suelen ser resultado de acuerdos políticos, cuotas internas o compensaciones electorales.
La consecuencia de esto es bastante reveladora: una gran parte de la población difícilmente podría nombrar a sus regidores o explicar qué hacen realmente dentro del ayuntamiento. Y esto es gracias a que la clase política no ha hecho mucho por disminuir la distancia entre ciudadanía y gobierno… ¿para qué?
Por eso la discusión sobre reducir el número de regidores no debería descartarse automáticamente como una ocurrencia o una simple medida de austeridad. Tal vez también sea una oportunidad para revisar si el modelo actual realmente está cumpliendo con su propósito original y valorar si, por ejemplo, municipios como Pachuca o Mineral de la Reforma realmente necesitan 19 regidores.
Las instituciones democráticas también deben evolucionar cuando la realidad política demuestra que necesitan ajustes. Tal vez por eso esta discusión no debería cerrarse de inmediato, sino aprovecharse como una oportunidad para repensar cómo queremos que funcionen los gobiernos municipales que en Hidalgo han dado tanto de qué hablar en los últimos tiempos.
