Contra la inminente ejecución material de la construcción de un Centro de Reinserción Social (Cereso) en el municipio de Tasquillo, ciudadanos promovieron dos solicitudes de amparo; no obstante, en ambos casos les fue negada la suspensión provisional.
De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), uno de los amparos fue ingresado el 26 de enero y el segundo al día siguiente. Ambos quedaron radicados en el Juzgado Tercero de Distrito bajo los números de expediente 203/2024 y 204/2026.
Los promoventes son Ricardo Martínez Ramírez y Mario Patricio Ramírez, quienes señalaron como autoridad responsable al Poder Ejecutivo.
El primero reclama la emisión de un oficio fechado el 20 de enero de 2026, así como una presunta notificación ilegal y el uso de canales informales para la realización de actos de autoridad. Asimismo, controvierte la “inminente ejecución” de la obra denominada Cereso Tasquillo.
Por su parte, Mario Patricio Ramírez también hace referencia a este aspecto, pero puntualiza que su acto reclamado es la asignación presupuestal para la construcción del Cereso. De igual forma, cuestiona la asignación de un presupuesto por 90 millones de pesos, al considerar que no se realizaron estudios de impacto regional ni una consulta indígena libre e informada.
La suspensión provisional fue negada por el juez federal, principalmente por la falta de un vínculo directo, al estimar que no basta con señalar que se es habitante de Tasquillo y que no se desea la construcción del Cereso, si no se demuestra de qué manera la obra podría generar afectaciones sociales o ambientales.
El juzgador señaló que, con base en lo presentado por los quejosos —principalmente notas periodísticas—, el penal aún se encuentra en fase de análisis. Además, indicó que debe ponderarse el interés general en materia de seguridad pública, ya que un nuevo penal contribuiría a atender la sobrepoblación en las cárceles de Hidalgo.
