En el marco de la glosa del Tercer Informe del gobernador Julio Menchaca se presenta el instrumento jurídico-democrático, a título de posible, de la revocación de mandato, que en términos estrictos es una figura legal que “apela a una democracia a plenitud” donde el pueblo puede, de adherirse a las firmas petitorias, cesar la gestión de un representante popular, en este caso, el gobernador de Hidalgo.
La revocación de mandato en la arquitectura constitucional es una figura escabrosa porque mantiene filtros inmediatos y apunta al control de la fuerza política mayoritaria y, en el caso de Hidalgo, por ponderación de fuerza de voto se requieren 236 mil firmas para que el mandato de Julio Menchaca sea sometido a juicio de Congreso para ser revocado; lo cual, no implica que con todo y el recabo de firmas, el mandato del actual gobernador pueda ser cesado.
Fue bajo esta tesitura que la figura de “revocación de mandato” -o dicho en forma positiva: ratificación de mandato-, se volvió un puzle o rompecabezas de la ingeniería constitucional que no suele provocar el evento de apertura democrática al pueblo que se espera, por lo que pasa a ser un maquillaje político.
En el sexenio de AMLO se presentó la primera figura de su historia en México y el resultado fue la ratificación de mandato. En este trazo, la fuerza que cobró Morena impidió cualquier susto contrario a la adhesión política que presentó López Obrador.
En el caso concreto del gobernador Julio Menchaca, debe tener la conciencia tranquila y, pese a la inviabilidad de lo que implica una revocación de mandato, el hecho de su empeño y firmeza por hacer valer la voluntad de su pueblo, lo devela como un gobernante con convicción que, gracias a su proximidad de trabajo, sencillez y humildad, gravita en el peso firme de su proyecto político que se ha ido expandiendo entre la ciudadanía de Hidalgo y, al cual, el staff de sus secretarios de gobierno suelen no aguantarle el paso.
El capital político de Julio Menchaca, al igual que el de la presidenta Claudia Sheinbaum, se encuentran en pleno ascenso, al grado que, en Hidalgo, pensar en que a Morena el PRIAN pudiera arrebatarle la sucesión a la gubernatura 2028 se ha vuelto una quimera impensable.
En este escenario, Menchaca Salazar ha tenido zonas de vacío en su gestión que él mismo ha reconocido, tanto en materia de seguridad pública, como de las estelas del trasiego del huachicol o el narcomenudeo; problemáticas que lo han mantenido en un constante revisionismo de estrategias para contener problemas que mantienen a su gestión en alerta amarilla.
En la réplica contundente de la impericia, muchos de las y los secretarios del staff de gobierno han brillado por su ausencia en el apoyo a la gestión de Menchaca Salazar. El rendimiento de la mayoría de estos personeros devela rendimientos políticos decrecientes de sus actuaciones, por ello, no sobran las caras en el carrusel de la sucesión transexenal del 2028 a la gubernatura de Hidalgo.
La paradoja entre un gobernador con las pilas puestas y un staff, prácticamente anquilosado, que asemeja a estafa política, presenta un clima que debe ser revisado en esta mitad de sexenio, donde no sólo es importante la operación política de Morena para asegurar un trámite electoral en la gubernatura, sino, también, para consolidar el bastión morenista de Hidalgo y afianzar el Plan Claudia.
La revocación de mandato no es un trayecto a modo, pero tampoco puede ser considerada, por su arquitectura constitucional, un camino de fortalecimiento pleno a la democracia. Sin embargo, en Hidalgo, Julio Menchaca tiene la conciencia tranquila y, más allá de una ratificación gubernamental constitucional, su paso sobrio y mesurado le ha dado el capital político suficiente para abanderar el resto del sexenio a su pueblo.
