Durante su comparecencia ante el Congreso de Hidalgo, el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, aseguró que, derivado de las denuncias realizadas en las Jornadas por la Paz y el Bienestar, nueve servidores públicos han sido sancionados, amonestados, suspendidos o inhabilitados.
La lista de penalizados incluye a un subsecretario de Seguridad Pública, dos jefes de departamento del Instituto Hidalguense de las Mujeres y tres agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), todos destituidos de su encargo.
Además, tres funcionarios del Poder Judicial del estado enfrentan procedimientos administrativos. Los castigos derivaron de denuncias de usuarias que señalaron la falta de atención en diversas actuaciones.
Entre las omisiones cometidas se encuentran la inactividad en carpetas de investigación por un año y medio, no atender actuaciones judiciales y detener trámites administrativos sin una causa justificada.
Olivares Reyna reconoció que aún existen “conductas inadecuadas y vicios de antaño en servidores públicos que no ha comprendido que a cada hidalguense se le debe atender como debe de ser”.
