La clase política y sus partidos parecen estar atrapados entre la profundización de la democracia en México, sus ambiciones de poder y la tentación de seguir manteniendo al país bajo la sombra de la impunidad. En atento apego a la profundización de la democracia en el país, a la lucha contra la corrupción y la impunidad, en línea con la modernización de la impartición de la justicia, tanto el Fiscal Nacional Anticorrupción como el Fiscal General de la República, deberían surgir de un concurso abierto de oposición.
El PRI ha señalado que el actual procurador general de la República, Raúl Cervantes, cuenta con los votos suficientes en la Cámara de Senadores para convertirse en fiscal general de la Nación por un periodo de 9 años, de acuerdo al senador Pablo Escudero, presidente del Senado.
Si se consuma ese hecho, México estará retrocediendo en el proceso de democratización de la vida pública, en la lucha contra la corrupción y la impunidad, pues un partido estaría imponiendo por mayoría a su candidato y militante al frente de una institución que está llamada a ser autónoma, independiente de los partidos y de los poderes del gobierno, para que pueda ejercer sus funciones de “Abogado General de la Nación”.
¿Quién es Raúl Cervantes? No es un ciudadano independiente que haya llegado por concurso abierto de oposición al puesto de procurador; en realidad, es un abogado que ha tenido éxito en el medio empresarial (fundador y director general del despacho CEA-Abogados), un militante del PRI que ha hecho desde su partido una exitosa carrera política, pues fue diputado federal en dos ocasiones y actualmente es senador con licencia.
Pero por si eso fuera poco, Cervantes fue delegado de las Asambleas Nacionales XVIII y XIX del PRI, consejero político Nacional y coordinador de Asuntos Jurídicos del Comité Ejecutivo Nacional; actualmente es secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Ni siquiera se puede decir que sólo ha sido un simpatizante del PRI, sino que Cervantes ha sido un militante activo de esa organización política.
¿Por qué el PRI y una parte de la clase política pretenden cerrarle el paso a la democracia y a la justicia en el país? Esa es la pregunta que deberíamos respondernos antes que los senadores, en nombre del pueblo mexicano, designen al fiscal general y al fiscal anticorrupción del país, pues elegir por mayoría a Cervantes o a cualquier otro militante del PRI, o de cualquier partido político, al frente de las nuevas fiscalías antenta contra la democracia, contra las potestades que los ciudadanos han depositado en los diputados y senadores como sus representantes en el Poder Legislativo de México.
Los partidos políticos saben de las virtudes que puede tener el realizar una convocatoria abierta a un concurso de oposición para designar al Fiscal General de la Nación y al Fiscal Anticorrupción. En 1998, durante la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, los diputados decidieron crear el Centro de Estudios de Finanzas Púbicas (CEFP), cuyo objetivo original era crear una oficina como la del presupuesto del Congreso de los Estados Unidos, en la cual, de manera autónoma, de hicieran trabajos de análisis económico financiero de las cuentas públicas, pero sobre todo, propuestas de presupuesto como en el país vecino.
Si bien al final el CEFP terminó siendo víctima de componendas entre partidos y fue secuestrado por ellos, en su origen fue un proceso democrático que llevó a formarlo con quienes ganaron el concurso abierto de oposición, el que escribe como director de Estudios Macroeconómicos entre ellos. En ese sentido, la experiencia en democratizar los procesos para nombrar a funcionarios públicos la tienen los partidos y la clase política nacional.
Existen formidables hombres y mujeres que reúnen el perfil para ser nombrados fiscal general de la Nación y fiscal anticorrupción, como Diana Cristal González Obregón o los juristas Rafael Martínez Puón; José Agustín Pineda Ventura; José Mario de la Garza Marroquín; Denise Guillén Lara; María Solange Maqueo Ramírez; Fernando Nieto Morales; Khemvirg Puente Martínez; Sofía Gómez Ruano y Víctor Samuel Peña Mancilla, por ejemplo, que hoy forman parte del Consejo Consultivo del INAI. Pero no son los únicos, hay muchos otros que podrían cubrir el perfil y los senadores bien pueden elegir al mejor.
¿Qué pasará si un partido político controla la Fiscalía General de la Nación o la Fiscalía Anticorrupción? Recientemente, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad (IGI) 2017, desarrollado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), México es el cuarto país en el mundo con mayor nivel de impunidad, superado por Filipinas, Camerún e India, pues de cada 100 delitos cometidos sólo 7 son denunciados; mientras que de ellos sólo 4.46% reciben sentencias condenatorias, lo que hace que la impunidad abarque hoy al 95% de los ilícitos, cubriendo al 99% de México.
Si se concreta el proyecto del PRI, ¿cuántos casos más de funcionarios públicos, de gobernadores corruptos deberá enfrentar la sociedad civil?, sin instrumentos para hacer frente a la clase política y los partidos, ahora destinados a perpetuarse en los cargos con la reelección de diputados y senadores, pero sin plebiscito revocatorio de mandato en manos de los ciudadanos, cuyas denuncias siempre son desoídas.
Si el PRI u otros partidos no quieren concursar los cargos de fiscales, seguramente es porque quieren profundizar la impunidad y la corrupción en el país, no la democracia. ¿O acaso existen otras razones más importantes que la profundización de la democracia en México? ¿O acaso los ciudadanos estamos frente a la novedosa dictadura de los partidos, sin instrumentos para hacer valer nuestros derechos, los que dieron origen al Estado y a los partidos, al sistema electoral actual, y en consecuencia debemos conformarnos?
Por: José Luis Ortiz Santillán
Economista, amante de la música, la poesía y los animales. Realizó estudios de economía en la Universidad Católica de Lovaina, la Universidad Libre de Bruselas y la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. Se ha especializado en temas de planificación, economía internacional e integración. Desde sus estudios de licenciatura ha estado ligado a la docencia como alumno ayudante, catedrático e investigador. Participó en la revolución popular sandinista en Nicaragua, donde trabajó en el ministerio de comunicaciones y de planificación. A su regreso a México en 1995, fue asesor del Secretario de Finanzas del gobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam, y en 1998, fundador del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
