Redacción
Luego de las protestas por el aumento al precio de las gasolinas y de la inconformidad por los altos sueldos que se pagan en el Poder Judicial de la Federación, se anunció un recorte en su gasto por mil 900 millones de pesos, bajo un esquema de austeridad, pero se enfocan en rubros como gastos, servicios y adquisiciones, sin tocar los salarios ni las prestaciones de ensueño que perciben magistrados y otros funcionarios.
Los recortes previstos abarcan viáticos y pasajes, cancelación de compra de bienes ya sea muebles o inmuebles, además de aminorar el gasto en eventos y difusión. Otro punto es que los proyectos de obra pública no prioritaria serán diferidos.
También se devolverán los recursos excedentes para que sean reintegrados al erario, se reducirán las vacantes temporales durante 2017.
Los organismos que se integran a esta medida de austeridad son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la finalidad de reintegrar los ahorros durante el ejercicio fiscal de este año.
