En la entidad hay aproximadamente 600 fraccionamientos que aún no están municipalizados, es decir, que no están aceptados por los ayuntamientos porque incumplen con lineamientos, y se localizan principalmente en Zempoala, Pachuca, Mineral de Reforma y Tolcayuca.
Ante una problemática que se visualizó a partir de las inundaciones, la inseguridad y la falta de agua potable, vecinos y vecinas se organizaron para denunciar y pedir a las autoridades su intervención.
Y es que hasta el anterior sexenio no se dio solución y fue este fin de semana que representantes vecinales fueron convocados por el Gobierno de Hidalgo para analizar la problemática que aumentó durante los últimos años al amparo de la corrupción y conflictos de interés.
De acuerdo con el Comité de los Fraccionamientos del Sur, en la zona metropolitana suman al menos 30 mil viviendas de cuatro municipios que están en el limbo debido a que las empresas constructoras lotificaron, edificaron, vendieron, pero ya no municipalizaron los predios.
“No estar municipalizados es como si viviéramos en una ciudad perdida. Si hubiera una inundación o cualquier catástrofe, nuestras casas no valdrían nada", a pesar que las pagamos a Infonavit, Fovissste o el Banco, señaló Liliana Vega, presidenta del Comité de los fraccionamientos y colonos en Hidalgo.
Sin embargo, en algunas zonas donde sí se logró municipalizar, el Ayuntamiento ya está vendiendo incluso las áreas verdes para seguir construyendo sin importar que los habitantes se queden sin zonas de sano esparcimiento y se ha detectado que esto ocurre en Pachuca y Zempoala.
Es el caso del Fraccionamiento ExHacienda Las Torres en Zempoala, donde ya se vendieron todas las áreas verdes. Y fue el mismo constructor que ya edificó Torre 5 y Torre 6 en estas áreas, incumpliendo con los lineamientos, aseguran.
Mientras que en Pachuca son varias las áreas verdes que ya se vendieron por parte de la Presidencia Municipal, bajo el argumento de que pueden vender porque requieren recursos.
“Estamos proponiendo llevar a cabo declaratorias de Semarnath para que las áreas verdes no sean susceptibles de venta por parte de los ayuntamientos. Y se insistió para que la Comisión de Vivienda en la entidad (CEVI) cree una procuraduría de la vivienda para regularizar la propiedad”, indicó la arquitecta Adriana Martínez, integrante del Comité.
