La diputada de Morena, Tania Meza Escorza, presentó una iniciativa para eliminar el delito de “rapto” del Código Penal de Hidalgo, ya que, dijo, se trata de una figura jurídica anacrónica y discriminatoria que perpetúa estereotipos de género y normaliza la violencia contra mujeres y niñas.
En sesión de la diputación permanente recordó que históricamente esta práctica está relacionada con el robo o “compra” de una mujer y consistía en sacarla de la custodia de sus padres, su esposo o tutor.
En un principio fue considerado como un robo común, y no como un crimen contra la libertad de las mujeres. Estas eran consideradas una propiedad, y por lo tanto, era un delito contra el derecho que tenía un hombre sobre una mujer.
Los elementos comunes al rapto son: el que se apodere de una mujer, por medio de violencia o engaño, para satisfacer un deseo erótico sexual o con el propósito de casarse; su existencia evidencia la subsistencia de la cosificación de la mujer.
En este sentido, dichos delitos son contrarios a los derechos a la libertad individual, la libertad sexual y el desarrollo psicosexual. En palabras de Meza, mantener el delito de rapto vigente, en pleno 2025, representa “un vestigio vergonzoso de discriminación y violencia”.
Actualmente Hidalgo y Nuevo León son las únicas dos entidades del país que aún contemplan este delito, “lo que coloca a nuestro estado en un rezago legislativo incompatible con los compromisos internacionales asumidos por México”, aseguró la legisladora.
Desde 2018, la CNDH declaró que el rapto forma parte de conductas perpetuadas por actitudes tradicionales que invisibilizan la violencia contra las mujeres.
La diputada enfatizó que las conductas descritas en el delito de rapto ya están contempladas en tipos penales más severos y protectores, como el secuestro, privación ilegal de la libertad y la violación, garantizando que no exista impunidad ni vacíos legales tras su derogación.
“Hoy podemos corregir un error histórico. Derogar el delito de rapto es dar un paso firme hacia la justicia histórica que se le debe a las mujeres y niñas hidalguenses, y hacia la construcción de un marco jurídico libre de discriminación y estereotipos”, expresó Tania Meza.
La iniciativa también responde a los compromisos de México con instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará, que obligan a los Estados a eliminar cualquier norma que legitime la violencia de género.
