La situación del agua potable en el municipio de San Agustín Tlaxiaca ha detonado una nueva controversia entre el gobierno local y pobladores, luego de que un grupo de vecinos se manifestara este miércoles frente a la presidencia municipal para exigir explicaciones sobre el control del pozo La Trinidad, que opera la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Agustín Tlaxiaca (CAPASSAT) desde su creación en 2017.
Las inconformidades se avivaron tras una transmisión en vivo realizada anoche por el presidente municipal emanado de Movimiento Ciudadano, Mario David Medina, en la que aseguró que dicho pozo, que abastece a la cabecera municipal y a comunidades de la zona norte, ya estaba bajo control de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM) y que nunca ha pertenecido legalmente al municipio.
Medina insistió en que el acuerdo de colaboración del ayuntamiento con el organismo operador del agua busca garantizar el abasto y no implica privatización ni aumentos en el costo por el servicio.
“No estamos entregando los pozos. No se va a llevar el agua a otro lado, y el costo no aumentará”, afirmó el edil. “Este acuerdo busca beneficiar a las comunidades y garantizar el servicio para los próximos 35 años”.
Sin embargo, los manifestantes aseguran lo contrario. De acuerdo con su testimonio, tras la intervención de CAASIM se han registrado aumentos en los recibos del agua. La tensión escaló cuando elementos policiales intentaron contener a los inconformes, quienes exigían la presencia del alcalde.
Ante la presión, la presidencia municipal cerró sus puertas de manera temporal y el edil acudió a la explanada principal de la localidad para dialogar con los inconformes y comprometerse a generar una mesa de trabajo con todas las instancias involucradas.
El contexto del conflicto
San Agustín Tlaxiaca enfrenta un grave déficit en su sistema de agua potable. De los seis pozos que abastecen el municipio, el de La Trinidad es uno de los más importantes, con una capacidad de 50 litros por segundo, de los cuales actualmente se aprovechan 32.
Según datos oficiales, existen 6 mil 593 tomas formales y al menos 2 mil clandestinas, lo que ha generado un desequilibrio financiero: el costo de operación del pozo es de 18 millones de pesos anuales, pero sólo se recuperan 8 millones y la administración municipal subsidia a la operadora de agua local, la CAPASSAT, con 12 millones de pesos anuales.
Ante este panorama, la administración municipal presentó un plan integral que incluye nuevas obras como la perforación de pozos en Temoaya, Huatongo, Tornacuxtla, Dajie y Llano Largo, así como mejoras en electrificación y líneas de conducción, todo con el objetivo de asegurar el suministro para las próximas décadas.
Posturas divididas
Desde el cabildo, regidores y regidoras han mostrado su respaldo al proyecto. Una de ellas afirmó que tras analizar estudios técnicos decidió votar a favor de la iniciativa, comprometiéndose a supervisar que el agua se reparta equitativamente.
“Esta decisión no se tomó a la ligera. Nuestro deber es asegurar que el vital líquido llegue a todas las comunidades”, declaró.
Sin embargo, la inconformidad ciudadana persiste. Los vecinos exigen mayor transparencia y diálogo, señalando que los aumentos en las tarifas contradicen las declaraciones oficiales.
