Genoveva Martínez
Cinco meses después de haber aprobado una normativa que regulaba doblemente el delito de abuso de autoridad, razón por la cual la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promovió una acción de inconstitucionalidad, este día la LXIII Legislatura envió las correcciones a sus propias reformas.
Fue el 11 de julio cuando el Poder Legislativo reformó el Código Penal y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ambas del estado, conforme la iniciativa que remitió el gobernador, Omar Fayad Meneses, para el diseño del andamiaje jurídico del Sistema Estatal Anticorrupción.
Sin embargo, en la redacción incurría atentaba contra los derechos a la seguridad jurídica, integridad personal y protección especializada de las víctimas, previstas en los artículos 14 y 16 del Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por ello, el 7 de septiembre, los diputados del PRI, María Luisa Pérez Perusquía, Erika Saab Lara, Marcela Vieyra Alamilla, Ana Leticia Cuatepotzo Pérez, Mayka Ortega Eguiluz, Horacio Trejo Badillo, Ernesto Vázquez Baca, Manuel Fermín Rivera Peralta y Luis Vega Cardón, presentaron otro proyecto de decreto para derogar el artículo 301, aprobado dos meses antes.
Las disposiciones avaladas por el Congreso transgredían la Ley General para Prevenir y Sancionar la Tortura, y otros tratos o penas, crueles e inhumanos y degradantes.
