En la sesión ordinaria de eras martes, el diputado Horacio Trejo Badillo propuso diversas reformas a la ley para endurecer las sanciones contra la trata de personas en Hidalgo.
Las modificaciones contemplan permutas en la redacción, así como la eliminación de ciertos conceptos para ajustarse al protocolo general para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas.
Asimismo, implicaría quitar el apartado relativo a los castigos contra este delito previsto en el Código Penal, para evitar una doble punibilidad y violentar los principios rectores del derecho penal.
Con el objetivo de sancionar a quien obligue a una persona a vivir o a trabajar sobre una tierra que pertenece a otra, se contempla como trata de personas la servidumbre por gleba, ahora los trabajos forzados incluyen aquellos por amenaza de la denuncia, así como los que atenten contra la dignidad u obtengan beneficios por realización de actos de pornografía y/o producción de material pornográfico o de carácter lascivo o sexual.
Consideran un incremento de punibilidad hasta en una mitad, cuando el sujeto activo del delito se valiese del empleo, cargo o comisión pública, exista relación de parentesco con la víctima por adopción, haya existido una relación sentimental o de hecho con la víctima.
La pena se incrementará hasta en dos terceras partes, cuando el responsable del delito realice, además, acciones de dirección o financiamiento a otras personas para que cometan cualquiera de los delitos mencionados.
Finalmente, toman en consideración de la reparación del daño mediante la restitución de los bienes o la cosa obtenida por el delito con sus frutos y accesorios, asimismo el pago de los deterioros que hubiere sufrido.
El pago de los daños físicos, materiales, psicológicos, así como la reparación al daño moral incluirá, por lo menos, los costos de tratamiento médico, medicina, exámenes clínicos e intervenciones necesarias, rehabilitación física, prótesis o aparatos ortopédicos, así también la terapia o tratamiento psiquiátrico, psicológico y rehabilitación social y ocupacional hasta la rehabilitación total de la víctima.
La pérdida de oportunidades, del empleo, educación y prestaciones sociales, pago de ingresos económicos que perdieron por la comisión del delito, gastos de asistencia y representación jurídica, costos de transporte, así como una disculpa pública.
