El clima de enfrentamiento público entre elementos de seguridad municipal con comerciantes ambulantes de Pachuca abre un capítulo en la presión social que, desde hace décadas, ha desatado el comercio informal, y que no sólo tiene impactos económicos de competencia desleal, a decir del comercio establecido, sino, también, de operaciones de delincuencia organizada y anomalías en el trasiego y evasión fiscal.
Las implicaciones de la reubicación de los comerciantes ambulantes de los primeros cuadros de la ciudad han causado, en diferentes momentos, desencuentros entre diversas administraciones del ayuntamiento capitalino y la Jorge Reyes, actual alcalde, no es la excepción, lo que advierte la complejidad en escala del evento.
El representante de los agremiados al comercio ambulante, que suele oscilar en el péndulo de la informalidad creciente, ha advertido frente al clima de beligerancia y enfrentamiento que los comerciantes de este rubro no habrán de retirarse, lo que ha empujado a una reubicación del ayuntamiento de Reyes Hernández, que no ha dejado satisfechos a los comerciantes y máxime cuando se aproximan las fiestas decembrinas y el incremento de la actividad económica del sector comercial y de servicios.
Las raíces del ambulantaje en Pachuca tienen un espesor social particular, donde la misma demanda de la ciudadanía ha permitido su proliferación, debido a que la oferta de productos se presenta a menor precio, ya que su precaria o nula tributación pública le permite a este tipo de comerciantes competir frente al comercio formal y establecido que se queja, amargamente, de la competencia desleal.
Establecer nuevos protocolos fiscales y de reorientación tributaria en la búsqueda de la regularización del comercio informal y ambulante se presenta como un reto en la administración de Jorge Reyes para evitar la escalada de violencia pública que se ha presentado, así como la proliferación de espacios para la delincuencia organizada.
El análisis crítico del ambulantaje en el país también señala que existen redes de operación subrepticia de mercancías, las cuales no son exclusivamente de origen nacional. El trasiego del comercio informal ligado a redes delictivas se multiplica no sólo en México, sino en América Latina, lo que implica que este es un problema de Estado.
Es evidente que al constituir el trasiego de mercancías ilegales un delito federal, la administración de Jorge Reyes en Pachuca se encuentra con un problema que no sólo atiende a la reubicación del comercio ambulante, sino, también, a estelas de mayor calado que han rebasado, desde hace décadas, a las administraciones de los ayuntamientos en Hidalgo y la nación.
Sin embargo, la administración de Reyes Hernández en el Ayuntamiento de Pachuca no debe dar un paso atrás en la firmeza del diálogo en las negociaciones con el ambulantaje y, con ello, cifrar reglas y protocolos claros con respecto a que la administración pública se encuentra operando en nuevas lógicas para armonizar las expectativas del sector comercial, lo cual es imprescindible para generar confianza y disuadir de ilícitos al comercio informal que deberá regularizarse.
En este trazo, queda pendiente la actuación de la simplificación fiscal y sus mecanismos para tratar de impactar en la regularización del comercio informal en Hidalgo. Trazar vínculos con las autoridades de los ayuntamientos y representantes de agremiados a diferentes entidades comerciales es una vía nítida que debe ser explorada por la Hacienda Pública y los ayuntamientos.
No puede continuar el clima de beligerancia del ambulantaje en Pachuca, como tampoco se debe permitir el comercio informal por los vínculos y anomalías que genera en el equilibrio de la seguridad ciudadana.
