“No hay recurso para eso”, manifestó el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, al referirse al tema de los laudos que enfrentan actualmente diversos municipios de la entidad, los cuales suman deudas por alrededor de 500 millones de pesos.
Durante su gira por San Salvador fue cuestionado sobre el tema, dado que se aprobó un punto de acuerdo en la asamblea de ese municipio para solicitar un recurso extraordinario al Ejecutivo estatal y resolver esta problemática. En respuesta, el mandatario afirmó que cada ayuntamiento deberá hacerse cargo de sus propios asuntos, ya que no hay presupuesto destinado a tal fin.
"Es una situación que deben enfrentar los ayuntamientos. Tienen que ser muy cuidadosos con cómo despiden a su personal, con todas las de la ley, porque ha habido mucho descuido y por eso existe una enorme cantidad de laudos perdidos", recalcó.
En otros temas, respecto a la posibilidad de que al finalizar las administraciones municipales en los próximos meses haya nuevamente una ola de investigaciones contra los alcaldes salientes, el gobernador mencionó que es un procedimiento habitual en el que intervienen la Contraloría y la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.
Derivado de lo anterior, comentó que aquellos que tengan irregularidades enfrentarán las consecuencias, por lo que hizo un llamado a los funcionarios que manejen recursos para ser muy escrupulosos, ya que “el dinero público debe cuidarse más que el propio”.
Agregó que es posible que haya denuncias, aunque no todas tendrán la consistencia suficiente para proceder. Sin embargo, subrayó que es obligación de las autoridades atenderlas y brindar a los involucrados la oportunidad de regularizar la situación.
En cuanto al tema de los bonos que algunos funcionarios municipales pretenden autorizarse al término de su gestión, Menchaca Salazar los exhortó a actuar con responsabilidad, advirtiendo que podrían enfrentarse a "tres años de gloria y una vida de vergüenza".
Aseveró que este tema es sumamente cuestionable, dado que los municipios enfrentan grandes necesidades. Añadió que quienes recurran a esta práctica y violen los parámetros legales podrían enfrentar sanciones administrativas o incluso penales, además de ser juzgados por la población.
