El gobernador Julio Menchaca Salazar negó categóricamente que la reciente detención de un servidor público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) en Durango, con una camioneta propiedad del Ejecutivo estatal, tenga relación alguna con la visita que él realizó días antes a esa entidad.
El mandatario explicó que su asistencia respondió a un acto de solidaridad con su amigo José Ramón Enríquez Herrera, candidato de Morena a la presidencia municipal de esa ciudad:
“No tienen absolutamente nada que ver. Sería verdaderamente torpe de mi parte. Denme tantito crédito de que yo no podría mandar una persona con un vehículo oficial a Durango. Yo tengo, como todas y todos ustedes, el derecho de participación política en mis ratos libres. Y lo he hecho toda mi vida. Pero esto es muy desafortunado”, comentó.
Sobre su visita, agregó que fue una muestra de respaldo personal: “Amor con amor se paga”, dijo, al recordar que Enríquez Herrera lo acompañó cuando él era aspirante a la gubernatura de Hidalgo.
Asimismo, se comprometió a aplicar un castigo ejemplar tanto al empleado de la Procuraduría como a quien haya ordenado su actuar, en caso de que así lo determinen las investigaciones.
Asimismo, subrayó que existen estructuras gubernamentales responsables del uso de los vehículos oficiales, por lo que el oficial mayor de la PGJEH deberá rendir cuentas:
“Imagínense, si yo personalmente estuviera checando los vehículos y las personas. No es posible. Hay una estructura de gobierno y deben de asumir su responsabilidad. Y el que le toque precisamente verificar que los vehículos se han resguardado los fines de semana, pues tendrá que responder a ese cuestionamiento”, finalizó.
En tanto, el titular de la PGJEH, Francisco Fernández Hasbun, informó que ya se abrió una carpeta de investigación por el delito de peculado, derivado del uso indebido del vehículo oficial. También anunció que el funcionario involucrado, quien ocupaba el cargo de director del Sistema Mixto de la dependencia a su cargo, será dado de baja y se iniciará el proceso correspondiente ante la Secretaría de la Contraloría.
