La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado a los tres órdenes de gobierno —federal, estatal y municipal— así como a Petróleos Mexicanos (Pemex), para realizar un programa integral de remediación ambiental en la zona afectada por la explosión registrada el 18 de enero de 2019 en Tlahuelilpan, Hidalgo.
Mediante un informe especial, el organismo también pidió emprender campañas de sensibilización ciudadana sobre los riesgos de manipular hidrocarburos y establecer protocolos de actuación que garanticen la seguridad de las comunidades.
A seis años de la tragedia, la CNDH advirtió que Pemex evidenció una “falta de debida diligencia” el día de la tragedia, cuando una toma clandestina estalló y alcanzó una altura de 10 metros, provocando la muerte de 138 personas, entre ellas 13 adolescentes y 10 mujeres.
Tras una investigación, se concluyó que los ductos se encuentran en mal estado de mantenimiento, con tecnología obsoleta e incompleta, lo cual incrementa el riesgo de nuevos siniestros. Además, el organismo señaló que las acciones para prevenir el robo de hidrocarburos han sido insuficientes.
En cuanto a la atención a víctimas, la CNDH subrayó que las familias y los sobrevivientes no han tenido acceso a una reparación integral del daño, ni a mecanismos de atención médica, psicológica o ambiental adecuados. No se ha saneado en la parte ambiental esta zona, destacó el informe.
El organismo propuso que las autoridades emitan protocolos de actuación que incluyan campañas de difusión en medios de comunicación para advertir a la población sobre los riesgos y letalidad del mal manejo de hidrocarburos, así como programas de capacitación para servidores públicos.
La CNDH también planteó la necesidad de adoptar procedimientos para la gestión de incidentes con presencia masiva de personas, además de estrategias efectivas que aborden las causas que originan estas conductas ilícitas y se atiendan los daños a la salud y al medio ambiente.
En lo que respecta a Pemex, se le exhorta a garantizar atención médica, psicológica y de rehabilitación para las 13 personas que resultaron lesionadas y sobrevivieron a los hechos, previa valoración por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a fin de que alcancen el nivel más alto de recuperación posible.
