Un total de 3 mil 270 inmuebles de educación básica en Hidalgo están en proceso de regularización legal, informó Maricarmen Mandujano Cerrilla, subsecretaria de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH).
La funcionaria recordó que, como lo señaló previamente el titular de la dependencia, Natividad Castrejón Valdez, la mayoría de los planteles no cuenta con escrituras, ya que fueron edificados en terrenos donados o en predios sin certeza jurídica.
Comentó que se espera que para octubre de este año se obtenga un documento oficial que formalice la situación de estos predios. Se trata del acuerdo de destino entre el gobierno estatal y el Instituto Hidalguense de Educación, el cual permitirá regularizar las propiedades que la federación transfirió al estado en 1994 como parte del proceso de descentralización de los servicios educativos.
De un universo de 6 mil planteles de educación básica, ya se ha logrado la coincidencia de 3 mil 270, lo que representa un poco más de la mitad del total, detalló.
Explicó que este es el primer paso para consolidar la propiedad de los inmuebles. Posteriormente, se trabajará en las escrituras definitivas, verificando cuáles quedarán a nombre del Ejecutivo estatal y cuáles del Instituto, con la meta de regularizar la totalidad en los próximos meses.
Asimismo, señaló que la mayoría de los predios no presenta conflictos. Aunque algunas donaciones carecen de título notarial, cuentan con documentos emitidos por los ejidos, lo que facilita el proceso.
En contraste, el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Daniel Fragoso Torres, recordó que el predio de la Universidad Politécnica de la Energía continúa en litigio desde hace más de 10 años, debido a que una heredera ejidataria reclama la propiedad, a pesar de que el inmueble representa una inversión de más de 70 millones de pesos.
¿Qué es un acuerdo de destino?
Un acuerdo de destino es una autorización oficial que el gobierno otorga a dependencias públicas para usar y aprovechar un bien con fines específicos y sin lucro. A diferencia de las concesiones, que son para particulares, estos acuerdos son exclusivos para entidades gubernamentales y están diseñados para promover el desarrollo sustentable.