Carlos Antonio Sánchez Lugo, titular del Instituto Hidalguense para Devolver al Pueblo lo Robado, informó que se emitirá una segunda licitación pública para enajenar cuatro predios recuperados por el gobierno estatal, luego de que en la primera convocatoria no se registraran interesados.
Durante la sesión del Gabinete Social, presidida por el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, se dio a conocer la continuidad del proceso de enajenación de bienes y la situación legal de la parcela ejidal 00030, ubicada en Metepec, así como la presentación del informe de activos a cargo del Instituto.
Los cuatro predios tienen un valor conjunto de 6 millones 838 mil 700.80 pesos, según cálculos de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo. Estos se ubican en las siguientes localidades:
· Comunidad General Pedro María Anaya, Tepetitlán: 823 mil 805.83 pesos
· San Juan Tepa, Francisco I. Madero: 2 millones 871 mil 025.91 pesos
· Tizayuca: 1 millón 742 mil 540.71 pesos
· Tepeapulco: 1 millón 401 mil 328.35 pesos
Sánchez Lugo explicó que el Comité de Enajenación aprobó la convocatoria y bases el 29 de septiembre; sin embargo, tras la difusión oficial, la junta de aclaraciones y recepción de propuestas no hubo participantes, por lo que, con base en el artículo 73 de la Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y en Extinción de Dominio del Estado, se declaró desierta.
Ante ello, se emitirá una segunda convocatoria con el siguiente calendario:
· Sesión del Comité: 6 de noviembre
· Validación de bases: 13 de noviembre
· Publicación de convocatoria: 14 de noviembre
· Visitas a los predios: 20 y 21 de noviembre
· Junta de aclaraciones: 24 de noviembre
· Presentación de propuestas: 26 de noviembre
· Fallo: 28 de noviembre
Por otro lado, se puntualizó el inicio del proceso de extinción de dominio en contra de la parcela 00030, de 3 mil 523 metros cuadrados, localizada en Metepec. La sentencia correspondiente fue dictada el 18 de septiembre de 2024 a favor del gobierno del estado y causó ejecutoria el 16 de abril de 2025.
Tras reuniones con autoridades ejidales y municipales, se explicó la situación de la parcela con el fin de que sea restituida.
En ese sentido, con base en lo establecido en el párrafo tercero del artículo 133 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y el artículo 114, segundo párrafo, de la normativa relacionada en Hidalgo, el Ejecutivo dispuso que sea la asamblea ejidal o comunal la que determine su reasignación en beneficio del núcleo agrario o de una persona distinta, conforme a lo dispuesto en la Ley Agraria.
En otro tema, se informó sobre una demanda civil contra una ciudadana respecto a un vehículo. Al no localizarlo en el corralón, se denunció el robo del automóvil y se determinó un acuerdo reparatorio por 195 mil pesos, a efectuarse en tres pagos de 65 mil pesos. El 7 de octubre fue remitida la primera ministración.
Cabe recordar que este Gabinete Social responde al compromiso estratégico de destinar los bienes asegurados, abandonados, decomisados y derivados de la extinción de dominio para que sean administrados con transparencia, legalidad y enfoque social, especialmente en programas prioritarios relacionados con salud, educación, infraestructura y bienestar.
La legislación establece que los bienes en proceso de extinción de dominio podrán disponerse de forma anticipada a favor de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como del gobierno federal y los municipios, según lo determine el Gabinete Social, para que se destinen al servicio público o se utilicen en programas sociales y otras políticas públicas prioritarias.
Además, aquellos bienes que hayan causado extinción de dominio deberán venderse o asignarse a través de los procedimientos previstos por la ley y conforme a lo dispuesto en el reglamento correspondiente.
