Más de 200 funcionarios públicos estatales y municipales fueron sancionados por la Secretaría de Contraloría, órganos internos de control municipales y el Tribunal de Justicia Administrativa, con medidas que incluyen amonestaciones, inhabilitaciones y, en algunos casos, sanciones económicas derivadas de violaciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado.
De acuerdo con la información difundida por la Dirección de Situación Patrimonial, se contabilizan 217 servidores públicos sancionados: 42 con inhabilitación y 175 con amonestación. Del total de expedientes, nueve corresponden al año 2022, 90 al 2023, 63 al 2024 y 54 hasta septiembre del 2025.
Entre las causas de penalización destacan omisiones en el cumplimiento de funciones y atribuciones, negligencia administrativa, violaciones a normatividad presupuestal, desvío de recursos y peculado. Sin embargo, la mayor parte de los casos, poco más de 180, derivaron de la omisión en la presentación de declaraciones patrimoniales de inicio, modificación o conclusión.
En cuanto a las instituciones con mayor número de casos, se registraron 121 procedentes de la Presidencia Municipal de Tizayuca y su Comisión de Agua y Alcantarillado; 18 de la Secretaría de Salud; 12 de la Secretaría de Educación Pública estatal y el Instituto Hidalguense de Educación; seis del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado; dos del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan; uno del Colegio de Bachilleres y uno de la Universidad Tecnológica de Tulancingo.
También se reportaron seis sancionados en la Secretaría Ejecutiva de la Política Pública Estatal, cinco en la Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, cuatro en el Centro de Justicia para Mujeres, tres en la Procuraduría General de Justicia del Estado Hidalgo, tres en la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social, así como casos en diversos municipios como Alfajayucan, Mineral de la Reforma, Pachuca y Tulancingo.
Entre las sanciones económicas destacan: una exfuncionaria estatal del Centro Estatal de Maquinaria inhabilitada por 11 años y sancionada con 221 mil 700.23 pesos; otra exservidora de la misma dependencia inhabilitada por 12 años y sancionada con 64 mil 178.74 pesos; un exfuncionario de la Secretaría de Gobierno sancionado con 116 mil pesos; otro de Apan con inhabilitación por 15 años y un monto de 1 millón 230 mil 310 pesos; uno más de Tetepango sancionado con 189 mil 861.77 pesos; y un exalcalde de Pachuca inhabilitado por 3 años y 4 meses por peculado.
La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado precisa las sanciones que imponen la Secretaría de Contraloría, así como los órganos internos de control, ya sea por faltas administrativas graves o no graves, que van desde amonestaciones públicas o privadas, suspensión del empleo, cargo o comisión, destitución e inhabilitación temporal para ocupar encargos o participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
Entre las faltas que refiere la legislación: desdeñar sus obligaciones, no cumplir con las declaraciones patrimoniales y de intereses, incurrir en cohecho, peculado o desvío de recursos públicos, etcétera.
