En el Congreso de Hidalgo se presentó una iniciativa que busca extender la garantía y responsabilidad de los contratistas de obra pública de uno a tres años, sin modificar el porcentaje de fianza del 10 por ciento del monto total ejercido.
La propuesta consiste en reformar el artículo 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, con el propósito de fortalecer los mecanismos legales de garantía y responsabilidad aplicables a los contratistas de obra pública.
Durante su intervención en tribuna, la diputada Claudia Lilia Luna Islas explicó que la modificación pretende asegurar que las obras financiadas con recursos públicos sean duraderas, seguras y ejecutadas con materiales de calidad, protegiendo así el patrimonio público estatal y municipal.
Una de las justificaciones expuestas por la panista es que los defectos estructurales, el uso de materiales inadecuados o la mala ejecución suelen manifestarse entre los 18 y 36 meses posteriores a la entrega formal de la obra.
Por lo tanto, señaló, la actual garantía de un año resulta insuficiente para exigir al contratista la reparación de los daños derivados de una ejecución deficiente, lo que obliga a las dependencias públicas a invertir nuevamente en mantenimiento o rehabilitación, afectando el erario.
“El espíritu de esta reforma no es sancionador ni pretende aumentar la carga financiera a los contratistas, sino fortalecer la rendición de cuentas y la corresponsabilidad entre el Estado y los particulares en la ejecución de las obras públicas.
Se busca generar un entorno de competencia técnica en el que los contratistas prioricen la calidad y la durabilidad sobre el costo inmediato, lo que en el mediano plazo representará un ahorro significativo para el gasto público y una mayor satisfacción ciudadana”, dijo.
