Como as bajo la manga, los amparos legales se erigen como el método recurrente y preferido de servidores públicos que se encuentran en capilla por las pesquisas de corrupción y malversación pública en las prácticas de la impunidad, más allá de la Estafa Siniestra en Hidalgo.
Es verdad que la justicia y sus instrumentos legales en la estructura constitucional son un derecho que debe preservar la verdad histórica de un proceso legal; pero no es menos cierto que, frente a la función probatoria de la corrupción y el peculado, la estructura jurídica del Estado presenta vacíos y una propensión clara al déficit del contrato social para hacer imperar la ley, aunque la justicia para el pueblo, que es el directa y violentamente afectado, esté todavía lejana.
El amparo que ha estado promoviendo el exalcalde de Singuilucan, Marcos Miguel, es una de tantas afrentas legales que la ciudadanía tiene que tragar como gota amarga de la corrupción y la malversación pública, más allá de la Estafa Siniestra.
Es inconcebible que la estructura jurídica en la nación no haya avanzado más allá del habeas corpus para crear procedimientos legales que sean de estricta observancia en pro del pueblo, condición que percibió en su justa dimensión el jurista Eduardo Novoa, quien tituló su libro magistral “El derecho como obstáculo al cambio social”, refiriéndose a que el derecho que prima en México no es el que se debe articular en pro de construir una sociedad que haga de la legalidad, justicia certera y expedita.
La vinculación a proceso -que no indica que el exalcalde de Singuilucan aún haya sido hallado culpable- de Marcos Miguel se cierne en contra de un cargo por más de 109 millones de pesos defraudados y constreñidos, entre otras cosas, a contratos fraudulentos que han quedado al descubierto y que han sido observados dentro de las pesquisas de malversación pública en Hidalgo, donde tanto la Contraloría como la Auditoría Superior llevan el papel protagónico por su naturaleza y corte institucional.
No obstante, es necesario recordar que al amparo del exalcalde de Singuilucan, Marcos Miguel, le preceden otros tantos como el de César Román, excontralor de la era Fayad Meneses, condición que nos ilustra que el “método del amparo” es una estrategia recurrente entre los leguleyos que llevan este tipo de casos, debido a que ponen en jaque las pesquisas jurídicas y retardan procesos en el intento directo de activas posibles negociaciones jurídicas frente al desgaste de la justicia y las presiones que ejerce la sociedad civil.
En términos analíticos, el “método del amparo” se une al del que “pega, paga y se va a su casa” que ya hemos vivido en Hidalgo, con diversos personeros que se declaran culpables de peculado y malversación pública para luego “devolver” lo malversado porque tienen su guardadito que les permite vivir en libertad, pese a que el escarnio social, como admitía Foucault se cierna sobre ellos, por lo cual suelen marcharse de tierras hidalguenses bajo el lema “pelillos a la mar”.
Es estrictamente necesario construir nuevos instrumentos constitucionales que generen leyes acordes al crecimiento exponencial que han tenido históricamente el peculado y la malversación pública en México. En línea directa a ello es menester instaurar protocolos de arqueo constante para prevenir en los servidores públicos este tipo de conductas que tienen harta a la ciudadanía que es la afectada y para la cual no existe reparación del daño público.
Entendamos que lo público es soberanía activa de la voluntad del pueblo, ese mismo pueblo que ahora, desde el “método de amparo” se ve lastimado, mientras que los que deben proceder legalmente se encuentran anquilosados ante el método del que “pega, paga y se va a su casa”.
