El presidente de la Comisión de Educación del Congreso local, José María Alejandro Pérez Ramírez, informó que se giraron oficios a diversas dependencias para la instalación de mesas de trabajo, con el objetivo de analizar la compatibilidad laboral y salarial de alrededor de 150 docentes de Hidalgo que, a su vez, fungen como regidores o síndicos en ayuntamientos.
Detalló que esta acción derivó de la comparecencia del contralor, Álvaro Bardales Ramírez, por lo que actualmente se está a la espera de las respuestas formales para que las reuniones puedan llevarse a cabo en la sede del Poder Legislativo.
En dichos encuentros se busca la participación de la Secretaría de Contraloría, cuya postura ha sido que no es posible desempeñar dos funciones —como docente y regidor o síndico— cuando estas no son compatibles. Asimismo, se convocará a la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), a la Sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y al Congreso local, que fungirá como mediador.
“Hay buena voluntad de ambas partes; ya se notificó también a la Secretaría de Educación Pública (SEPH) y simplemente estamos en espera de que nos hagan llegar la respuesta para instalar las mesas”, señaló en entrevista.
Pérez Ramírez puntualizó que se prevé que los espacios de diálogo se instalen en enero de 2026, con la finalidad de analizar caso por caso los distintos tipos de plazas, funciones y modalidades del servicio educativo, en apego a la ley.
“Este análisis se realizará de manera tripartita; la idea es emitir un resolutivo que no vaya en contra de la ley, pero que tampoco perjudique a las y los trabajadores de la educación”, agregó.
El legislador mencionó que varios docentes que también son regidores se han acercado para expresar su preocupación, ya que algunos han sido presionados por autoridades municipales para solicitar permisos con el fin de poder sesionar por las mañanas.
Aseguró que la mayoría ha optado por solicitar permisos de tres o seis meses, o hasta por un año, sin goce de sueldo, como una medida para “blindarse” y evitar afectaciones en su trabajo institucional, por lo que reiteró que estas situaciones serán revisadas de manera individual.
