La madrugada del 3 de enero de 2026 quedará grabada como una de las jornadas más impactantes en la historia contemporánea de América Latina: las fuerzas armadas de Estados Unidos llevaron a cabo un ataque militar en Venezuela y capturaron al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, trasladándolos posteriormente a territorio estadounidense para que enfrenten cargos federales.
En conferencia de prensa, el presidente estadounidense, Donald Trump, calificó la operación como una de las más “impresionantes” de su mandato y anunció que Washington “dirigirá” Venezuela hasta que se concrete una transición política considerada “segura y apropiada”.
La magnitud de este acontecimiento rebasa con mucho los límites de un simple golpe a un líder controversial, marca una vuelta de tuerca en la política exterior de Estados Unidos en su propio hemisferio, recordando épocas de doctrina Monroe que muchos creíamos superadas. La captura —llevada a cabo sin aprobación expresa del Congreso estadounidense— ha generado una ola de reacciones encontradas: desde felicitaciones de aliados políticos conservadores, hasta severas críticas internas por la falta de supervisión legislativa y cuestionamientos sobre su legalidad. Ante ello, Trump refirió que el Congreso no fue avisado ya que podía haberse filtrado la información y con ello anular la operación.
De inmediato hubo expresiones en diversas partes del mundo y México no fue la excepción a través de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien, al abordar el suceso, adoptó una postura firme a favor del respeto a la soberanía nacional y el derecho internacional, rechazando el uso de la fuerza como medio para dirimir crisis políticas internas de otros países. Esta postura no sólo es coherente con la tradición diplomática mexicana —centrada en la no intervención y la solución pacífica de controversias— sino que también sitúa a México como voz crítica frente a lo que muchos califican como un atropello al orden internacional establecido tras la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, también es legítimo preguntarse si tal posicionamiento, que privilegia principios sobre pragmatismos, resulta suficiente para responder a la complejidad de la crisis venezolana. Muchos gobiernos y organizaciones internacionales han documentado violaciones a derechos humanos, deterioro institucional y crisis humanitaria en Venezuela durante años. México, al abogar por una salida pacífica, corre el riesgo de ser percibido por algunos como excesivamente tibio frente a abusos reales, aún cuando la respuesta militar unilateral de otro Estado no puede ser la solución.
La administración estadounidense justificó la operación por cargos de narcoterrorismo y corrupción —acusaciones consolidadas en tribunales de Estados Unidos desde años atrás— y la presentó como un paso hacia la justicia y la seguridad regional. No obstante, expertos en derecho internacional cuestionan la validez legal de la acción, señalando que no hubo una agresión directa que justificara legítimamente el uso de la fuerza bajo la Carta de las Naciones Unidas, ni una autorización del Consejo de Seguridad que hubiera respaldado la intervención militar.
Además, la declaración de que Estados Unidos “gobernará” temporalmente Venezuela abre un debate puntilloso ¿se trata de una operación enfocada en justicia o de una ocupación velada con intereses geopolíticos y económicos, particularmente en torno al control de recursos estratégicos como el petróleo? Esta interrogante resurge cada vez que una gran potencia interviene sin consenso internacional, y parece inevitable plantearla cuando se observa la historia de intervenciones estadounidenses en la región.
Si bien la presión diplomática y las sanciones pueden parecer insuficientes frente a crisis internas graves —y muchos venezolanos han aplaudido la captura de Maduro con esperanza de cambio político— la intervención militar directa constituye un precedente peligroso. Legalmente controversial y políticamente divisiva, la operación puede debilitar aún más las normas internacionales que prohíben el uso de la fuerza contra estados soberanos. Países como China y Rusia han condenado la acción como una violación de la soberanía, y la ONU ha señalado que este tipo de intervenciones sientan un precedente con amplias implicaciones globales.
Venezuela, con una crisis social, económica y política profundamente arraigada, no es una excepción sencilla: la salida de Maduro no garantiza automáticamente una transición pacífica ni la recuperación institucional sin un proceso interno amplio y legítimo.
Esta intervención podría ocasionar tensiones entre potencias, fragmentar alianzas y provocar nuevas dinámicas de alineamientos estratégicos. Muchos critican y otros tantos festejan.
En última instancia, la captura de Maduro y la intervención estadounidense plantean más preguntas que respuestas sobre la legitimidad de la fuerza, la vigencia del derecho internacional, la responsabilidad de las potencias en crisis ajenas y el verdadero camino para que los pueblos determinen su destino sin injerencia externa.
EL CONSPIRADOR
