La vocal ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), delegación Hidalgo, Ma. del Refugio García López, insistió en la importancia de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), principalmente para llevar a cabo comicios bajo las circunstancias particulares de cada una de las 32 entidades, siempre en coordinación con las autoridades federales.
En la propuesta de reforma electoral que impulsa la Presidencia de la República, y que respalda el partido oficialista Morena, entre otros temas se plantea la eliminación de los OPLE y de los tribunales locales bajo el argumento de austeridad.
Por ello, la funcionaria electoral recordó que estos órganos en los estados conocen el contexto político, social y cultural de cada municipio, así como la diversidad y las condiciones necesarias para organizar contiendas locales.
“La función esencial de los OPLE radica en su conocimiento sobre las particularidades de la dinámica comunitaria, su cercanía territorial mediante oficinas distritales o municipales, en su caso, permite desarrollar estrategias más pertinentes para la instalación de casillas electorales, así como la implementación de la capacitación electoral adecuándonos al contexto local y contribuyendo así al fortalecimiento del federalismo electoral, de ahí la relevancia de que sigan existiendo estos organismos públicos locales”, dijo.
Otro de los planteamientos de García López, que incluso subrayó en el foro organizado por la comisión presidencial encargada de la propuesta de reforma electoral, celebrado en Hidalgo, es evitar el empate de elecciones para renovar cargos judiciales con las ordinarias de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
Abundó que la elección judicial se fundamenta en un modelo sin participación de partidos políticos, mientras que en las elecciones ordinarias las cúpulas partidistas tienen un papel central y activo.
“La inviabilidad de empatar las elecciones ordinarias con la judicial no sólo se limita a su incompatibilidad de origen, sino que también existen aspectos técnicos y operativos que denotan la necesidad de no concurrencia”, abundó.
Enumeró algunos de estos aspectos, como el hecho de que cada elección requiere la impresión de al menos 100 millones de boletas, y que al concurrir con una contienda de personas juzgadoras, que igualmente implica millones de papeletas, se provocaría una sobrecarga en la producción de materiales y documentación, así como problemas en la logística de almacenamiento y distribución.
Por ejemplo, tan sólo en la elección judicial de 2025 en Hidalgo se recibieron más de 14 millones de boletas, y el año pasado no hubo contiendas locales en la entidad.
También señaló complicaciones en la integración de las mesas directivas de casilla, ya que en las elecciones ordinarias participan representantes de partidos políticos, mientras que en las de juzgadores no están permitidos. Empatar los procesos obligaría a la instalación de dos tipos de urnas, más de 8 mil 400 en el caso de Hidalgo, y al menos 74 mil funcionarios.
Ello provocaría complejidades en la distribución y recolección de paquetes electorales, así como en los cómputos para contabilizar los votos, aunado a que el alto número de boletas y cargos en disputa podría generar confusión entre la población.
