El paso trascendente de la administración pública en Morena a nivel nacional estriba en que el ejercicio de gobierno se ha trazado para combatir corrupción e impunidad y, con ello, dar el salto cualitativo contra las prácticas y la memoria antidemocrática de las fuerzas del antiguo régimen que devastaron la ética pública.
Las prácticas de nepotismo han aparecido en la administración pública en casos específicos en Hidalgo y se suceden creando desánimo en las estructuras administrativas del aparato de Estado, cuestión que ha sido señalada en diferentes espacios mediáticos por engendrar despropósitos en el ejercicio público, ya que dañan los compromisos democráticos con la ciudadanía y el ejercicio del pleno respeto a su soberanía y control público.
En los entretelones del nepotismo, debemos caracterizar a esta práctica ilegal y arbitraria en la administración pública como el favoritismo hacia familiares en filiación directa y de segundo grado, así como de amigos en la concesión de un encargo o puesto público a título de empleo que sostiene el erario.
En este trazo, los señalamientos perfilan una realidad de ilegalidad que vulnera la soberanía del pueblo en el estricto respeto de su voluntad democrática por construir gobiernos de probidad y para la probidad pública.
En hechos indiscutibles a nivel nacional, la ejemplificación del nepotismo en Nuevo León y San Luis Potosí, estados donde en el marco de la reforma de alternancia de género, sus Congresos locales modificaron la legislación sobre la ingeniería constitucional de la gubernatura para favorecer a las esposas de los actuales gobernadores en una posible sucesión direccionada, que ya trasciende como “Ley esposa”, dio marco para que la presidenta Claudia Sheinbaum censurara esta condición y llamara a cuidar y atender las prácticas de nepotismo en sus administraciones, al grado que el gobernador de San Luis Potosí vetó la “Ley esposa”.
En consonancia con la postura de la primera mandataria de la nación, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, instó al Congreso local para que revisara sus trabajos en torno a la posible instauración de un periodo femenino a la gubernatura, bajo la voluntad de respetar la Constitución en el marco de la reforma de alternancia política de género y evitar cualquier violación a la ley, así como la práctica de nepotismo en la administración pública.
Es claro que el respeto a la voluntad soberana del pueblo no debe dejar dudas en torno a las prácticas de nepotismo que se han presentado en el país ni, específicamente en Hidalgo, debido a que la lucha contra estas anomias del poder público se erigieron como una de las promesas centrales del obradorismo contra la corrupción e impunidad en el país.
Nos encontramos en un momento delicado del clima político sobre la administración que gobierna Morena en el país, y ello impele para el oficialismo, redoblar esfuerzos para frenar conductas ilegales como lo es el nepotismo y, con ello, dar un mensaje de firmeza política, como lo ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Julio Menchaca, para que las estructuras de la administración pública se erijan como garantes de la democracia y la voluntad del pueblo.
Las condiciones articuladas de la tragedia del nepotismo deben quedar bajo la visoria del Congreso local y actuar conforme a la Ley Federal de la Administración Pública y los alcances de la estructura legal para restituir la probidad y transparencia pública.
