Desde su inauguración el 28 de febrero de 2024, el Laboratorio de Control de Calidad y Análisis de Materiales se ha consolidado como un componente clave en la verificación de infraestructura pública en Hidalgo. En casi dos años de operación suma más de 7 mil 500 proyectos revisados para garantizar que cumplan con la normativa establecida en los procesos de contratación.
El secretario de la Contraloría estatal, Álvaro Bardales Ramírez, informó que la finalidad es asegurar obras seguras, duraderas y con materiales adecuados para la población hidalguense. Agregó que el impulso del gobernador Julio Menchaca Salazar ha permitido fortalecer los recursos técnicos y humanos para vigilar que las obras públicas en los 84 municipios se ejecuten conforme a los estándares establecidos.
De acuerdo con datos de la dependencia, en la entidad se desarrollan cada año más de 3 mil 700 obras privadas, federales, estatales y municipales; alrededor de 700 están a cargo de 17 ejecutoras del Poder Ejecutivo.
“Una de las principales demandas que existían cuando llegó el gobernador Julio Menchaca era que la obra pública no estaba bien ejecutada, no se hacía con calidad y, a las primeras lluvias, se echaba a perder. Hoy en día la estamos supervisando. Sabemos que todavía hay problemas, pero ya son mínimos comparados con los que teníamos anteriormente”, señaló Bardales Ramírez.
El funcionario destacó el trabajo que se realiza en el Complejo Hidalgo Honesto, donde más de 500 servidores públicos supervisan tiempos, procesos y materiales utilizados en obras destinadas a la población.
El complejo concentra tres laboratorios: uno de la Comisión Estatal del Agua, otro de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales y uno más de la Auditoría Superior del Estado, desde donde se validan pruebas técnicas y resultados de campo.
Asimismo, el contralor reconoció el papel de los Comités de Contraloría Social, integrados por más de 7 mil ciudadanos en los 84 ayuntamientos, quienes participan en la supervisión directa de la infraestructura pública.
De acuerdo con la Contraloría, cerca del 35 por ciento de las obras observadas presentan aspectos por aclarar, por lo que las empresas deben solventar al cien por ciento cualquier irregularidad antes de obtener el aval de los comités.
“De esta manera, podemos decir que prácticamente un 30 por ciento de la obra pública que se ejecuta entra a pruebas de laboratorio formales. Y eso es lo que nosotros hacemos”, añadió Álvaro Bardales.
