El discurso fue impecable. En febrero de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el inicio del programa Vivienda para el Bienestar como una de las grandes banderas sociales de su administración. La meta sexenal anunciada es de 1.8 millones de viviendas. El objetivo moral, justicia social. El público meta: quienes ganan menos de dos salarios mínimos y viven en condiciones de vulnerabilidad. Sobre el papel, el programa parecía un acto de redención histórica. En la práctica, al menos en Hidalgo, terminó convirtiéndose en un laberinto de opacidad, improvisación y una crueldad burocrática que raya en lo inhumano.
Nadie cuestiona la necesidad de un programa de vivienda social. México arrastra un déficit estructural en esta materia. Nadie discute que instituciones como la Conavi y el Infonavit tienen experiencia operativa. Lo que sí debe cuestionarse —y con severidad— es la forma en que un proyecto concebido para aliviar la precariedad terminó multiplicando la angustia de quienes más necesitan certidumbre.
La primera señal de alerta fue la falta de comunicación. En Hidalgo, simplemente no hubo una convocatoria clara a finales de 2024. No se informó de manera amplia, no se socializó el proceso, no se garantizaron canales oficiales accesibles. El registro comenzó casi en secreto, como si se tratara de una rifa privada y no de un programa federal masivo. En política social, la desinformación no es un error menor, es exclusión.
Quienes lograron inscribirse —muchos “por accidente”— iniciaron un peregrinar aterrador. Requisitos excesivos para una población que, por definición, carece de recursos. Documentos difíciles de conseguir. Gastos imprevistos. Traslados constantes. Tiempo perdido. Nadie orientaba, nadie explicaba, nadie asumía responsabilidad. El programa que prometía bienestar empezó a operar como una aduana de obstáculos.
Luego vino la etapa de visitas domiciliarias. Se anunció que habría llamadas previas. Quien no contestara, quedaba fuera. Así de arbitrario. La supuesta formalidad del procedimiento terminó siendo una trampa. Hay testimonios de personas que jamás recibieron llamada alguna y que, por pura casualidad, estaban en casa cuando los visitaron. ¿Ese es el estándar de rigor institucional?
Y como si la improvisación no bastara, en Hidalgo se decidió realizar un sorteo mediante tómbola. El azar sustituyó a la planeación técnica. Más grave aún, existen casos documentados de familias que obtuvieron hasta tres viviendas. Padre, madre e hija beneficiados por separado. ¿Falla en el cruce de datos?, ¿deficiencia en la verificación? o ¿simple desorden administrativo? En cualquiera de los escenarios, el resultado es inadmisible. Pero el punto más doloroso no está en la estadística, sino en la dignidad vulnerada.
Una persona con discapacidad —sin una pierna— fue rechazada porque el documento que acreditaba su condición no provenía del sector salud, sino de una fundación que apoyó su cirugía. La realidad física no fue suficiente. La evidencia humana no bastó. La rigidez burocrática pudo más que el sentido común. Y se quedó sin vivienda.
En el municipio de San Agustín Tlaxiaca, una mujer en proceso de divorcio, víctima de violencia, fue descalificada porque legalmente aún estaba casada y no presentó documentos de su todavía cónyuge. Llevaba los papeles del divorcio en trámite. Llevaba la historia de agresión. Llevaba la urgencia de proteger a sus hijos. No fue suficiente. La respuesta oficial fue de una frialdad insultante: “vuélvase a inscribir y con suerte vuelve a ganar”. Esa frase no sólo expresa indiferencia; es la radiografía de una burocracia deshumanizada. Es una política en sentido opuesto a lo que ha declarado la presidenta. A la víctima la obligaban a contactar a su agresor.
Aquí no se trata de atacar políticamente a la presidenta. Se trata de exigir coherencia entre el discurso de justicia social y la ejecución real de las políticas públicas.
Cuando un programa social genera ansiedad, humillación y desamparo, algo está profundamente mal en su diseño o en su implementación. Y lo más preocupante es el silencio. Delegaciones como la del Bienestar, SEDATU y CONAVI jamás informaron, y lo poco que se declaró dejó más dudas. ¿Quién responde?, ¿quién orienta? Nadie, todos se echan la bolita. Lo cierto es que toda política pública debe de ser difundida, si no, no sirve. Aquí faltan protocolos que orienten, no que desinformen.
El gobierno federal tiene la responsabilidad de corregir de inmediato. Auditar los procesos. Transparentar los padrones. Revisar los criterios de selección. Sancionar errores operativos. Capacitar al personal. Y, sobre todo, reconocer que no se puede jugar con la esperanza de quien sólo aspira a tener un techo digno.
Porque la vivienda no es un premio de lotería. No es una concesión graciosa del poder. Es un derecho constitucional.
Si el proyecto de la llamada Cuarta Transformación pretende sostenerse sobre la narrativa de primero los pobres, entonces debe demostrarlo no en conferencias, sino en ventanillas. No en discursos, sino en módulos de atención. No en cifras globales, sino en historias concretas donde la dignidad sea el centro.
De lo contrario, Vivienda para el Bienestar pasará a la historia no como el programa que construyó hogares, sino como el que fracturó la confianza de quienes más creyeron en él por necesidad, no por convicción.
Y en política social, perder la confianza de los más vulnerables es un costo que ningún gobierno debería permitirse pagar.
