Cuatro de las 33 personas detenidas el 12 de febrero de 2026, durante el operativo realizado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo en la planta cementera de Cruz Azul, en Jasso, municipio de Tula de Allende, promovieron juicios de amparo contra su detención y denunciaron haber permanecido incomunicadas, además de ser víctimas de actos de tortura y malos tratos.
De acuerdo con los autos, los expedientes quedaron registrados con los números 366/2026, 367/2026, 368/2026 y 369/2026, promovidos a favor de personas identificadas con las iniciales Guillermo A.A., Eduardo M.P., Juan José G.C. y Adrián L.P., quienes señalaron que, tras su aseguramiento, no se les permitió comunicarse con familiares ni abogados y que, durante el tiempo que permanecieron bajo custodia, fueron objeto de agresiones físicas y presiones.
En sus solicitudes de amparo pidieron la comunicación inmediata con personas de confianza o defensores, la práctica urgente de una certificación médica para constatar su estado de salud e integridad física, así como garantías de que no serán sometidos a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
También solicitaron que se realice su registro conforme a la Ley Nacional del Registro de Detenciones, en caso de no haberse efectuado, y que las autoridades remitan constancias auténticas que acrediten el cumplimiento de dichas medidas. A los cuatro se les concedió la suspensión provisional para analizar la legalidad de la detención; además, se determinó que actuarios judiciales acudan a verificar su integridad física, interrogarlos sobre las circunstancias de su detención y recabar la ratificación de las demandas.
Por otra parte, en el expediente 381/2026, dos detenidos más, Hilario G.L. y Óscar G.A., también presentaron demanda de amparo por la presunta omisión de brindarles atención médica y suministrarles los medicamentos necesarios para el tratamiento de sus padecimientos.
En el caso de Hilario, se señaló que padece diabetes, hipotiroidismo, hipertensión, hiperuricemia y problemas de colesterol, mientras que Óscar enfrenta diabetes tipo 2; condiciones que, de no ser atendidas oportunamente, podrían agravarse y poner en riesgo su vida.
En este último caso, la jueza federal concedió la suspensión de plano, ordenando a las autoridades responsables proporcionar atención médica inmediata, suministrar sin costo los medicamentos requeridos y, en su caso, realizar el traslado a un hospital para la práctica de estudios y la aplicación del tratamiento especializado correspondiente.
