A prácticamente dos años de que inicie formalmente el proceso electoral para la gubernatura de Hidalgo en 2028 resulta -cuando menos llamativo- que haya comenzado a circular una encuesta que mide el posicionamiento electoral de un senador en funciones “si hoy fueran las elecciones”. Más que un ejercicio demoscópico, pareciera un mensaje político: la contienda futura comienza a ocupar espacios que todavía deberían estar dedicados a los retos presentes del estado.
El contexto temporal no es menor. Hidalgo transita apenas por el cuarto año de la administración estatal actual, en un momento donde los desafíos en materia de seguridad, desarrollo social, infraestructura y crecimiento económico demandan atención y responsabilidad institucional. Anticipar la discusión electoral cuando el calendario constitucional aún se encuentra distante no comunica visión estratégica, sino una acción prematura para iniciar una competencia interna.
Este tipo de ejercicios, aunque comunes en la política, envían un mensaje delicado a la ciudadanía. Cuando la conversación pública se adelanta hacia aspiraciones personales o posicionamientos futuros, la percepción que se genera es que la agenda de los representantes populares no está en los problemas cotidianos que sí requieren atención inmediata. Con esto, la política pierde entonces el sentido de servicio que debería tener, para convertirse en un ejercicio de proyección personal anticipada.
Pero hay un elemento adicional que vuelve aún más cuestionable la oportunidad de este tipo de posicionamientos. Desde septiembre de 2021, la Constitución de Hidalgo estableció la alternancia obligatoria de género en las postulaciones a la gubernatura por parte de los partidos políticos. En la elección de 2022, diversas fuerzas políticas postularon candidatos hombres –entre ellas Morena y sus aliados–, lo que implica que, constitucionalmente, en 2028 deberán postular mujeres a la gubernatura.
Este dato jurídico no es menor ni accesorio. Significa que, más allá de las aspiraciones personales o de los ejercicios de medición anticipada, el diseño constitucional del estado ya fijó una condición obligatoria para los propios partidos en la próxima contienda por la gubernatura. En ese sentido, intentar posicionarse como eventual aspirante masculino dentro de ese escenario no sólo resulta prematuro, sino políticamente desconectado de las reglas que normarán esa elección.
La discusión de fondo, por tanto, no es sobre quién encabeza encuestas hipotéticas en un momento ajeno al calendario electoral, incluso si estos ejercicios pueden formar parte de la dinámica interna de los partidos. El problema es que su difusión anticipada traslada inoportunamente la conversación política hacia el 2028, cuando la responsabilidad pública actual exige atención en los asuntos del presente.
La seriedad en la representación popular también se mide por la capacidad de entender el ritmo de la política, sus reglas y las necesidades reales de la sociedad. Por eso, la responsabilidad pública exige saber que cada etapa tiene su tiempo, y el tiempo de la gubernatura de 2028 simplemente aún no ha llegado.
