Las universidades Politécnica Metropolitana de Hidalgo (UPMH) y Politécnica de Pachuca (UPP) registraron observaciones por presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos federales durante el ejercicio fiscal 2024, por un monto superior a 16 millones de pesos.
Universidad Politécnica de Pachuca
En el marco de la revisión realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública 2024, se informó que a la UPP se le fiscalizaron 113 millones 236 mil pesos, de los cuales la muestra examinada fue de 112 millones 227 mil pesos, equivalente al 99.1 por ciento de los recursos transferidos por el gobierno federal.
Para la universidad con sede en Pachuca se emitieron 13 resultados: siete sin anomalías, uno solventado, cuatro promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y un pliego de observaciones por 13 millones 894 mil 546.79 pesos, relacionado con pagos superiores al tabulador autorizado y en categorías no permitidas.
La ASF verificó que recursos correspondientes a los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, al Programa para el Desarrollo Profesional Docente y al Ramo 28 no se ajustaron a los tabuladores aprobados.
En cuanto a las promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, el órgano fiscalizador instruyó al Órgano Interno de Control de la UPP realizar las investigaciones correspondientes por posibles irregularidades, entre ellas la falta de compatibilidad de empleo, ausencia de documentación comprobatoria, omisiones en la identificación de la fuente de financiamiento y la falta de comprobantes fiscales digitales por internet.
Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo
Respecto a la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, la ASF fiscalizó 76 millones 208 mil pesos. De los 17 resultados emitidos, en ocho no se detectaron irregularidades, cuatro fueron subsanados, además de dos promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y tres pliegos de observaciones.
Entre los señalamientos se incluye la falta de comprobantes fiscales digitales por internet, así como la falta de acreditación de compatibilidad de empleo de 60 trabajadores.
Finalmente, la ASF presumió un probable daño o perjuicio a la hacienda pública federal por 2 millones 603 mil 655.40 pesos, además de pagos posteriores a baja laboral y remuneraciones a colaboradores sin cumplir requisitos del puesto.
