La construcción de la Carretera Real del Monte–Huasca registró un incremento en el monto total de inversión debido a adecuaciones técnicas para cumplir con la normativa vigente y corregir inconsistencias en el trazo geométrico.
De acuerdo con la revisión realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el proyecto —anunciado en 2022 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador e inaugurado en marzo de 2025 por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo— presentó 315 millones 221 mil 714.22 pesos pendientes por aclarar derivados de pagos en exceso durante el ejercicio 2024.
Inicialmente, la obra se contempló como una concesión bajo esquema de Asociación Público-Privada (APP), cuyos ingresos provendrían del cobro de peaje. El financiamiento proyectaba 44 por ciento mediante “Apoyo No Recuperable” del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadon), 55.9 por ciento capital privado y 0.1 por ciento recursos federales ejercidos en 2018 por la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Sin embargo, tras actualizar el estudio costo-beneficio, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) realizó adecuaciones técnicas que reclasificaron el proyecto como obra pública federal libre de peaje. El nuevo esquema quedó integrado por 68.9 por ciento recursos federales, 27.9 por ciento FONADIN y 3.2 por ciento del gobierno estatal para el pago de derechos de vía.
La última versión del proyecto, registrada el 30 de octubre de 2025 en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), contempla cuatro carriles, dos entronques a desnivel, seis viaductos, tres túneles, rampas de emergencia y sistema inteligente de transporte. Al 31 de diciembre de 2024 reportaba un avance físico del 90 por ciento.
En 2024 se etiquetaron 2 mil 255 millones 825.1 mil pesos, de los cuales 749 millones 698.1 mil pesos fueron autorizados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y mil 506 millones 127 mil pesos reportados por la SICT en la cuenta pública. La ASF revisó 15 contratos que representaron mil 961 millones 481.9 mil pesos.
Entre las observaciones destacan 309 millones 983 mil 400.48 pesos por diferencias entre volúmenes estimados y pagados; 3 millones 153 mil 863.01 pesos por aplicación incorrecta de factores de ajuste de costos; 975 mil 649.76 pesos por sustitución de dispositivos antideslumbrantes; 695 mil 503.43 pesos por duplicidad en gestoría eléctrica; 303 mil 272.68 pesos por diferencias en señalética; y 110 mil 024.76 pesos por discrepancias en cantidades de cemento.
La ASF señaló que, si bien la SICT y Banobras cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables, existen probables irregularidades en la autorización de modificaciones al proyecto y áreas de oportunidad en los controles de supervisión y residencia de obra.
