La titular de la Comisión Estatal de Vivienda (Cevi), Erika Toledo Parra, informó que se realizaron visitas de evaluación técnica en 19 municipios afectados por la vaguada monzónica que azotó a Hidalgo el pasado octubre. Como resultado, se determinó llevar a cabo mil 816 relocalizaciones, consistentes en la asignación de una vivienda de 61.47 metros cuadrados en un lote de 105 metros cuadrados.
Tras las inspecciones en cada demarcación, se definió el número de reubicaciones por municipio: Calnali, cuatro; Eloxochitlán, ocho; Huautla, 40; Huehuetla, 191; Jacala de Ledezma, dos; La Misión, 22; Lolotla, 42; Nicolás Flores, 69; Pacula, ocho; San Agustín Metzquititlán, 14; San Bartolo Tutotepec, 113; Tenango de Doria, 81; Tepehuacán de Guerrero, 28; Tianguistengo, 515; Tlahuiltepa, 13; Xochiatipan, 19; Yahualica, 29, y Zacualtipán de los Ángeles, 239.
Precisó que cada relocalización implica la asignación de un lote de 105 metros cuadrados, con siete metros de frente por 15 de fondo, así como la construcción de una vivienda base de 61.47 metros cuadrados.
Estas casas contarán con cimentación y estructura reforzada, lo que permitirá a las familias construir un segundo nivel o ampliar hacia los costados conforme crezcan sus necesidades.
Los trabajos iniciarán en 25 localidades de San Bartolo Tutotepec, donde el municipio ya dispone de un predio de una hectárea, gestionado por el ayuntamiento y ubicado en pie de cerro. La construcción comenzará la próxima semana, señaló.
Asimismo, puntualizó que en Tenango de Doria el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas donó un predio federal para 55 viviendas, mientras que en Tianguistengo —municipio con mayores afectaciones— se ha trabajado con los ejidos para la donación o adquisición de tierras fuera de las franjas de riesgo.
Toledo Parra explicó que no todas las casas dañadas califican para relocalización, ya que el proceso es técnico y científico. Detalló que Protección Civil estatal, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y la Cevi delimitaron los polígonos considerados como zonas de riesgo, donde el suelo presenta grietas, hundimientos o peligro de deslaves.
Posteriormente se realizan asambleas comunitarias para informar a las familias, explicarles con mapas por qué sus predios ya no son seguros y avanzar en el proceso de sensibilización. Además, para que el Gobierno federal libere los recursos, se debe integrar una cédula de la Conavi que acredite pérdida total o riesgo para la vida.
