Personas que ejercen el periodismo en Hidalgo realizaron un posicionamiento en el que señalan diversos puntos que les generan preocupación en la iniciativa de Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico del Estado de Hidalgo.
De acuerdo con lo dado a conocer por la legisladora Tania Meza Escorza, la propuesta sería presentada ante el pleno del Congreso local el martes 10 de marzo, sin embargo fue retirada de la orden del día. Si bien reconocen que la propuesta surge tras la realización de foros, integrantes del gremio advierten que la redacción de varios artículos genera inquietudes sobre posibles esquemas de censura previa.
Entre los puntos señalados se encuentra el Artículo 10, el cual establece que las personas periodistas deberán abstenerse de revelar información considerada “de carácter reservado”. Los firmantes consideran que esta redacción podría interpretarse como una prohibición amplia que, en determinados contextos, permitiría sancionar la publicación de información de interés público.
Asimismo, expresaron preocupación por el contenido del Artículo 18, que condiciona el acceso a información pública a que esta sea considerada de “relevancia pública”, así como por disposiciones que permitirían a organizadores privados decidir si autorizan o no la cobertura de eventos de interés público.
También señalaron que generan debate los artículos que contemplan que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, a través de la Fiscalía de Protección a Periodistas, emita acreditaciones, administre un padrón estatal y expida credenciales de periodista, lo que —advierten— podría derivar en mecanismos de control o exclusión, ya que ningún ente público debería determinar quién es o no periodista.
De igual forma, cuestionan que dicha fiscalía sea la instancia central en la operación del Mecanismo Estatal de Protección y que asociaciones de comunicadores designen a los representantes del sector, al considerar que esto podría resultar excluyente para quienes no forman parte de estas.
Finalmente, aclararon que no buscan descalificar el proyecto, sino garantizar que una eventual ley fortalezca la libertad de expresión, el acceso a la información y la protección real del ejercicio periodístico en todas las regiones del estado. Asimismo, reiteraron su solidaridad con reporteros agredidos recientemente en Tula y Atotonilco de Tula.
