Las observaciones realizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), que derivaron en una multa de 5 millones 069 mil 786.36 pesos al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Hidalgo, corresponden en su mayoría a irregularidades de administraciones pasadas, aseguró su dirigente estatal, Marco Antonio Mendoza Bustamante.
De acuerdo con los dictámenes de fiscalización correspondientes al ejercicio 2024, el Consejo General del INE determinó sanciones por más de 21 millones de pesos a diez institutos políticos en la entidad, tras detectar inconsistencias en el manejo y comprobación de recursos públicos.
En el caso del PRI, la sanción asciende a 5 millones 069 mil 786 pesos; entre las observaciones se encuentran la falta de comprobación de recursos destinados a la capacitación y desarrollo político de las mujeres, el reporte de gastos sin justificación partidista y la existencia de adeudos fiscales.
Mendoza Bustamante explicó que, aunque aún no ha recibido la notificación oficial de la resolución, ya tiene conocimiento de los conceptos que integran la sanción a partir de los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad electoral.
Sostuvo que la mayor parte de estas observaciones se originó en administraciones anteriores a la suya. Señaló que la gestión previa fue encabezada por Julio Valera Piedras, quien actualmente está al frente de la delegación de la Sedatu del gobierno morenista.
Explicó que varios de los señalamientos se arrastran de un ejercicio fiscal a otro, debido a que su origen se encuentra en periodos previos, por lo que, una vez notificada formalmente la resolución, revisarán cada caso para determinar qué aspectos podrían ser impugnados.
Asimismo, indicó que durante su periodo ha tenido que hacer frente a diversas multas heredadas de años anteriores, las cuales, dijo, suman aproximadamente 20 millones de pesos.
“Desde que llegué al partido se nos descuenta hasta el 50 por ciento de la prerrogativa para ir saldando estas sanciones”, comentó, al señalar que esta situación ha representado un reto financiero para el instituto político.
No obstante, precisó que estas sanciones corresponden al gasto ordinario del partido y no afectarían los recursos destinados a campañas electorales, los cuales se entregan de manera independiente por parte de la autoridad electoral.
Mencionó que durante su administración únicamente se ha registrado una sanción cercana a los 500 mil pesos, relacionada con un convenio con una organización de la sociedad civil.
