En Hidalgo, muchos ayuntamientos parecen haber encontrado una forma muy peculiar de entender la administración pública. Esto porque pareciera que gobiernan como si la competencia fuera una molestia y la transparencia un estorbo. En 2024 –año que fue electoral– el 91% de los contratos de obra pública y adquisiciones se entregó por adjudicación directa. Con esta joya ya no estamos frente a una excepción administrativa, sino frente a una costumbre política; bastante cómoda, por cierto.
Adjudicar de manera directa un contrato que se paga con nuestros impuestos, exceptuando la licitación de ley, debe ser una salida extraordinaria, justificada y muy acotada. Pero en los municipios hidalguenses ocurrió exactamente lo contrario: la excepción se volvió la regla y la licitación terminó reducida a una pieza decorativa. El dato no admite mucho maquillaje: de 14 mil 841 contratos reportados en Hidalgo, 91 por ciento se otorgó sin concurso; apenas 4.3 por ciento fue por invitación restringida y sólo 1.7 por ciento por licitación regional, más 1.7 por ciento por licitación nacional.
Lo grave no es solamente el número, sino la costumbre. Tal vez estas acciones comienzan a justificar el desastre que ha significado el tránsito político en muchos de los cabildos de nuestra entidad. Tal vez esta costumbre es la razón por la que muchos presidentes municipales no entregan la información necesaria a regidoras y regidores, que terminan exigiéndolo en los tribunales.
Luego vienen las explicaciones de siempre: que así se agiliza, que así se resuelve más rápido, que así lo permite la ley, que no hubo nada irregular. Puede ser. Pero una cosa es que la ley abra una puerta por excepción y otra muy distinta es vivir instalado en ella. Si nueve de cada diez contratos municipales en Hidalgo evitaron la competencia, entonces el problema es político; y uno bastante serio, porque esto nos dice que hay alcaldías que confundieron la facultad de adjudicar con el hábito de no licitar.
Por eso el propio gobernador Julio Menchaca salió a pedir a los municipios de todos los partidos que frenen estas prácticas y fortalezcan la transparencia. Cuidar el dinero público con reglas abiertas, competencia y rendición de cuentas debería ser lo mínimo exigible en cualquier ayuntamiento que se tome en serio su responsabilidad, pero claramente esto no sucedió en 2024.
El poder municipal debe recordar urgentemente que la ciudadanía es quien elige a los gobiernos de los ayuntamientos y más con las elecciones de 2027 en la puerta, y si a esto le sumamos que muchos ediles podrían buscar la reelección, habría que empezar por revisar cómo ejercieron no sólo su cargo, sino nuestro presupuesto.
