Tras los recientes señalamientos en el Ayuntamiento de Mixquiahuala, marcados por acusaciones de malversación de fondos y presuntas amenazas, la diputada local por dicho distrito, Diana Rangel Zúñiga, aseguró que el municipio mantiene un clima de “paz social”.
En entrevista, minimizó las versiones que apuntan a una crisis política profunda, al calificar los desacuerdos en el Cabildo como parte de la “dinámica democrática normal” de cualquier ayuntamiento.
Respecto a las acusaciones de corrupción que han sacudido a la administración local, Rangel Zúñiga precisó que, según la información con la que cuenta, los procedimientos legales no están dirigidos directamente hacia el presidente municipal, Miguel Ángel Peña Flores, sino hacia excolaboradores.
"Los procedimientos son en contra del exsecretario de obras, el director de obras y el extesorero. Son elementos que ya no forman parte de la administración municipal desde que se detectaron irregularidades", afirmó.
Enfatizó que el alcalde ha colaborado con la información necesaria para integrar las denuncias y que el caso ya está en manos de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción y del órgano interno de control. "No es un tema que haya surgido esta semana; son procesos que llevan tiempo y las instancias correspondientes deben resolver", añadió.
Al ser cuestionada sobre si el Congreso de Hidalgo debería intervenir ante una posible situación de ingobernabilidad, aseguró que no existen elementos para que el Congreso atraiga el caso.
Rangel Zúñiga evitó tomar bandos, señalando que su postura es "del lado de la justicia". Afirmó que, a pesar de los roces mediáticos, la atención a la población en Mixquiahuala continúa sin contratiempos.
¿Qué sucedió?
La controversia en Mixquiahuala estalló luego de que la síndica procuradora, Alejandra Gómez Orozco, denunciara públicamente al alcalde Miguel Ángel Peña Flores durante una sesión de Cabildo.
Según Gómez Orozco, el edil habría enviado mensajes "intimidantes" vía WhatsApp a su concubino, como represalia por haber evidenciado una presunta malversación de recursos públicos.
La asambleísta sostiene que estas irregularidades fueron detectadas tras una revisión a la cuenta pública y movimientos bancarios observados por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH).
Por su parte, el presidente municipal ha rechazado categóricamente las acusaciones, al calificarlas como un "golpeteo político" debido al inicio del proceso de sucesión.
