SE HABÍA TARDADO. Secretaria del Trabajo propone reforma en sistema de justicia laboral

Genoveva Martínez

María de los Ángeles Eguiluz Tapia, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo (STPH), presentó la propuesta de reforma en materia laboral, con el objetivo de optimizar las controversias obrero-patronales, además de cumplir con las disposiciones federales. Deberá ser analizada y, en su caso, aprobada por las comisiones de la LXIII Legislatura.

Dicha reforma ya ha sido avalada en 17 entidades federativas y tiene como eje principal la reforma en el sistema de justicia laboral, a partir de la desaparición de  las Juntas de Conciliación y Arbitraje, para sustituirse con juzgados laborales de competencia estatal y federal.

La reforma contempla tres temas torales: transferir las funciones de las juntas de Conciliación y Arbitraje, a escala local y federal, al Poder Judicial de la Federación, crear un órgano descentralizado a nivel estatal, e instaurar un centro nacional que tenga un padrón de sindicatos y contratos de trabajo.

Este sistema se complementaría con un procedimiento de conciliación, previo al litigio, a tramitarse ante centros especializados cuya creación es parte de la reforma.

Por ello, el gobierno de Omar Fayad Meneses remitió iniciativas para establecer el servicio profesional de carrera en las juntas de conciliación y arbitraje y se agilizan los procedimientos, además, desarrollarán un procedimiento sumario para los conflictos individuales en materia de seguridad social.

En entrevista, Eguiluz Tapia explicó que se creará el Centro de Conciliación, que sería el primer filtro para las controversias obrero–patronales y su misión sería mediar entre ambas partes, antes que llegar a un juicio laboral.

De acuerdo con el análisis del gobierno federal, los tribunales laborales carecen de modernización y agilización de los procedimientos, de la inexistencia del juicio en línea, de un deficiente servicio profesional de carrera y de corrupción.

Además, reconocieron muchas prácticas como falsedad en declaraciones y pruebas que prolongan indefinidamente los juicios, lo cual genera extorsiones.