Genoveva Martínez
Los diputados hidalguenses aprobaron por unanimidad las disposiciones de la Constitución Política del Estado en materia de inmunidad procesal, es decir que en Hidalgo quedó establecido que ninguna persona gozará de fuero que le otorgue privilegios o prerrogativas en materia jurídica.
Antes de concluir los trabajos del segundo periodo de sesiones y el primer año de ejercicio legislativo, el pleno avaló las reformas constitucionales que mencionan que la responsabilidad de cualquier servidor público por delitos del orden común será exigible conforme a la legislación penal aplicable a nivel local.
Esto quiere decir que los funcionarios públicos, como el gobernador, diputados locales o alcaldes, no requerirán de una declaración de procedencia o trámite adicional alguno, lo cual procurará la igualdad en la aplicación de la ley y garantizará el acceso a la justicia imparcial.
El siguiente paso es que el 50 por ciento más uno de los ayuntamientos apruebe estas disposiciones, para publicarlas en el periódico oficial y al día siguiente entren en vigor en todo el territorio hidalguense.
