Redacción
Laura Karina Ramírez Jiménez, procuradora en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Hidalgo, impartió la conferencia “Derechos de las niñas, niños y adolescentes”, ante alumnos y profesores del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
La especialista sostuvo que la sociedad actual tiene el reto de educar libre de violencia, pues haber educado a las pasadas generaciones con castigos físicos significó el uso de la violencia y generó que ésta fuera naturalizada.
Además, comentó que desde la familia es donde se gesta toda la violencia que tiene la sociedad y donde más vulneración de los derechos de los menores de edad existe. El delito de violencia familiar, recalcó, es uno de los más recurridos, pero también hay otros que se cometen, como los de carácter sexual, el abuso y la violación, que representan una mayor gravedad hacia niños y que por lo general se da en el entorno cercano, como el núcleo familiar o de los conocidos.
Por ello, la procuradora conminó a los presentes a tratar de garantizar los derechos de los pequeños, así como cuidar que éstos sean cumplidos. Refirió que en la Ley de niños, niñas y adolescentes se plantean 20 atribuciones como el Derecho a la vida, la supervivencia y al desarrollo; a la identidad; a vivir en familia; a la igualdad sustantiva; a vivir en condiciones de bienestar; libres de violencia; protección a la salud; a la intimidad y a la seguridad jurídica, entre otros.
Dijo que hay tres enfoques de la infancia que se dan a lo largo de la historia, como el indiferenciado, que no se distingue entre niños, adolescentes y adultos; el tutelar, donde se observan desde una óptica menor, así como el de Derechos, que señala que los adultos deben garantizar el cumplimiento de sus atribuciones, siendo esta última la óptima para vivir.
Asimismo, Laura Karina Ramírez Jiménez aprovechó la ocasión para explicar que las procuradurías, como la que ella representa, son las encargadas de la determinación, la ejecución y el seguimiento de las medidas de protección especial, donde hay todo un andamiaje jurídico.
