María Luisa Montalvo Sierra y Juan Manuel Hernández Gayosso, vinculados a proceso en septiembre de 2020 junto con el expresidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Gerardo Sosa Castelán, fueron declarados inocentes por un Tribunal de Enjuiciamiento federal.
El fallo absolutorio, en favor de los acusados por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, se llevó a cabo el pasado 14 de diciembre en el Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, tras celebrarse audiencia de juicio oral a lo largo de 10 días.
A través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, Effetá tuvo acceso a la versión escrita de la sentencia integrada en la causa penal 263/2020, en la que se levantó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se ordenó la inmediata libertad de ambas personas.
De acuerdo con el juez de Distrito a cargo del caso, la información bancaria y las declaraciones de los once testigos desahogadas por la Fiscalía General de la República para establecer el entramado delictivo, fueron obtenidas sin autorización judicial, por lo que se declararon pruebas ilícitas.
Las deficiencias en el caso por parte del Ministerio Público federal y la atinada defensa legal por la firma hidalguense de abogados Common & Law, que encabeza Adolfo Estrada Díaz, fueron claves para el desarrollo de la resolución judicial.
María Luisa Montalvo Sierra y Juan Manuel Hernández Gayosso se encontraban recluidos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Santiaguito y el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno “Altiplano”, respectivamente, tras haber sido señalados, junto con Gerardo Sosa Castelán, de presuntamente haber utilizado una empresa fantasma para blanquear activos que procedieron de actividades ilícitas.
De acuerdo con el expediente judicial derivado de la imputación formulada por autoridades federales, de 2011 a 2018, a través de la empresa Contabilidad del Siglo XXI Pachuca, Sociedad Civil, se triangularon 58 millones 245 mil pesos.
El 3 de febrero pasado, considerando su estado de salud y a petición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, el juez de la causa concedió a Sosa Castelán la prisión domiciliaria en una vivienda ubicada en Pachuca.
