Durante su conferencia del pasado 9 de noviembre, cuando fue cuestionada sobre los señalamientos que relacionan al senador hidalguense, Cuauhtémoc Ochoa, con Pro-Faj Hidrolimpieza, empresa encargada del relleno sanitario intermunicipal de Cholula, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo: “que aclare el senador”, y esto pesa por quien lo dice.
La presidenta no dio por cierta la acusación, desde luego, incluso advirtió que en ese espacio a veces se dicen cosas que no son. Pero por otro lado tampoco la desechó, más bien pidió que se investigara lo que tuviera que investigarse y, varias veces, regresó a la misma frase: que aclare el senador.
Ochoa, desde luego, respondió horas después. Negó ser propietario o accionista de Pro-Faj o de alguna sociedad relacionada con la operación del relleno y aseguró haberse conducido con apego a la legalidad. Esa precisión es indispensable, porque hasta ahora sólo existe un señalamiento público y, en consecuencia, una negativa igualmente pública del legislador, no una resolución que acredite que sea dueño o tenga vínculos con la empresa. Pero políticamente el asunto trascendió hasta Palacio Nacional y fue la propia presidenta de la República quien consideró necesario pedir al senador de Morena por Hidalgo una aclaración pública.
Ahí está lo incómodo del tema y es que no siempre hace falta una acusación formal para que se genere un problema político, a veces basta una pregunta desde un espacio con el foco de las mañaneras presidenciales. El asunto surgió además en medio de un conflicto real de protestas de habitantes de la región de Cholula por la operación del relleno sanitario y señalamientos sobre posibles afectaciones ambientales y el gobierno municipal informó que Pro-Faj debería cubrir costos operativos y materiales derivados de los acuerdos alcanzados para atender el conflicto.
Para Ochoa, entonces, el asunto tiene dos dimensiones. La jurídica o empresarial, que puede aclararse con documentos que acrediten quiénes son los propietarios y accionistas de la compañía, y la política, que probablemente hoy importe más, porque su nombre quedó en una discusión nacional. Si no existe relación alguna, como afirma, probablemente la salida más efectiva sea precisamente hacer pública toda la información necesaria para despejar cualquier duda, no porque una acusación repetida se convierta en verdad, sino porque la transparencia suele ser la manera más sencilla de cerrar una historia cuando los documentos están de tu lado.
El senador ya negó el señalamiento y esa respuesta debe registrarse con claridad. Ahora falta ver si con eso alcanza para terminar la conversación o si habrá más información sobre el origen de las versiones y la propiedad de Pro-Faj, porque después de lo ocurrido en Palacio Nacional, el asunto dejó de ser solamente una grilla local.
