La organización Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos A.C. (SEIINAC) emitió un posicionamiento en el que manifestó su preocupación por la iniciativa que busca derogar del Código Penal de Hidalgo el delito de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes.
En el documento se advierte que la propuesta, impulsada por el diputado José Luis Rodríguez Higareda “El Puma”, parte de un argumento de “armonización legislativa” con la ley federal en materia de trata de personas, pero carece de un análisis profundo sobre la realidad que enfrentan las infancias en Hidalgo.
La organización señaló que su principal preocupación es que el reclutamiento infantil no puede reducirse a la trata de personas, ya que significa una forma de violencia autónoma, por lo que eliminar este delito a nivel local invisibilizaría el problema.
Asimismo, recordó que estimaciones de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) indican que entre 145 mil y 250 mil menores están en riesgo en el país, y alrededor de 40 mil en Hidalgo.
Advirtieron que México aún no cuenta con un marco legal integral que atienda específicamente este fenómeno, por lo que eliminar la tipificación local generaría un vacío legal que dejaría en mayor vulnerabilidad a niñas, niños y adolescentes, especialmente en casos que no encuadran completamente en el delito de trata, pero sí implican reclutamiento forzado.
También cuestionaron que, aunque la propuesta plantea fortalecer el principio del interés superior de la niñez, en los hechos podría debilitar la protección, ya que este principio implica garantizar derechos y reconocer a las infancias como víctimas, no como delincuentes.
El colectivo recordó que organismos internacionales han recomendado a México tipificar de manera explícita el reclutamiento infantil, por lo que hizo un llamado al Congreso de Hidalgo a frenar el proceso legislativo hasta contar con un análisis técnico especializado.
Asimismo, solicitó abrir un parlamento abierto para discutir la propuesta con expertos y sociedad civil, así como fortalecer —y no eliminar— el tipo penal para hacerlo compatible con la legislación federal sin perder su reconocimiento a nivel estatal.
La iniciativa del legislador “El Puma” fue presentada bajo el argumento de evitar duplicidades legales con la normativa federal en materia de trata de personas y plantea derogar el delito de reclutamiento infantil del marco jurídico estatal, al considerar que ya está contemplado en leyes generales.
