A lo largo de las últimas semanas la opinión pública en México, y más allá de nuestro territorio, se ha convertido en nota de muchas primeras planas: el robo de combustible a través de los ductos de Pemex y el homicidio en contra de los periodistas.
No podríamos decir cuál de los dos asuntos tiene mayor relevancia, pero está muy claro que ambos son vitales para nuestro país y que en ambos no vemos siquiera un luz que no pudiera indicar que es el final del túnel. Veamos.
El “huachicoleo” (un término ya común en el diccionario periodístico y entendiéndolo extraer gasolina o diésel de los ductos de Pemex de manera ilegal) no es un delito nada nuevo pero ha ido creciendo en varias entidades, Hidalgo incluido, a niveles francamente alarmantes y que apenas ha merecido la atención de nuestras más altas autoridades.
Al hacer un recuento mental del robo de combustible en la región de Tula, que comprende la zona de Santa Ana Ahuehuepan y varias comunidades colindantes con Tezontepec de Aldama y Tepetitlán, este lucrativo negocio ha significado varias muertes o por accidente a la hora de la ordeña o por pleitos entre los propios huachicoleros.
Se han dado también algunos detenidos, no como debiera por el contubernio de las instancias policiacas, y eso sí: decenas de vehículos decomisados por ser parte del muy lucrativo negocio. Claro, casi siempre las unidades que hoy atiborran los corralones son producto del robo a sus dueños legítimos y en consecuencia con bajas probabilidades de ser recuperados.
Los niveles que el robo de combustible ha alcanzado son de verdad impresionantes, sin embargo parece que por fin las autoridades federales y estatales voltearon los ojos. Solamente la tarde-noche del viernes, vecinos de San Francisco Bojay y sus alrededores fueron testigos de un aparatoso operativo cuyos resultados se ignoran, pero que sí dejo claro que los vecinos por complicidad o solidaridad hacen equipo con sus vecinos malosos en contra de los cuerpos policiacos.
Para algunos este tipo de operativos son pura faramalla porque muchos de quienes los encabezan reciben los dividendos del ilícito de parte de los principales cabecillas a cambio, obviamente, de dejarlos “trabajar” en paz.
Pero bueno, queremos pensar que ahora sí la estrategia contra los chupaductos va en serio, y como relevar a las policías de todos los niveles es un punto menos que imposible, cuando menos deberán cambiarlos de adscripción para exigirles que ahora sí cumplan con su cometido, sin caer en el consabido soborno, porque entonces seguiremos no igual, sino peor.
Está claro que el frontal ataque al floreciente negocio de robo de combustible debe tener varias aristas y no ir solamente contra los que ejecutan directamente el ilícito en las milpas, en los caminos o en dondequiera que van los ductos. No, habrá que ir contra sus jefes que los envían a ejecutar esas tareas; deberán identificar a los cómplices que como empleados de Pemex les orientan sobre cuestiones técnicas.
También contra los empleados de Pemex, que extraen el combustible no de los ductos, sino en el interior de la propia refinería. Vaya recordar una clara evidencia de ello cuando hace algunas semanas al interior de la Miguel Hidalgo hubo una explosión que mató a un joven trabajador que pretendía sustraer el combustible en bidones colocados dentro de un auto.
Y si esta política de terminar con la corrupción en Pemex va en serio –aunque ya sea un poco tarde-, también deben ir contra los huachicoleros de cuello blanco. Contra los funcionarios o empleados de Pemex que desde su oficina en una refinería o en sus oficinas de Marina Nacional, hacen negocios ilícitos al amparo del sello de la empresa que por muchos años fue el orgullo nacional.
Es apenas un caso. Pero por ejemplo, ir contra los beneficiarios del millonario soborno que entregó la empresa brasileña Odebrecht a los más altos funcionarios de Pemex, apenas hace poco tiempo, cuando Emilio Lozoya era su director general, cuyos trabajos mañosamente asignados, por cierto, se ejecutaron en la refinería de Tula. Es necesario terminar con los huachicoleros de campo y los de cuello blanco, pero ya.
Y en el tema de la racha de homicidios contra periodistas, es de verdad grave lo que está ocurriendo en nuestro país. Por fortuna, hasta ahora –y esperamos que así siga- Hidalgo no es de la entidades en donde han matado a colegas de los medios de comunicación, sin que ello signifique que no se han sufrido agresiones físicas, verbales o través de las redes sociales, que sí ha habido y en cuyas estadísticas nos contamos.
Las agresiones contra los periodistas en México han alcanzado niveles graves, tal vez sólo comparables con el homicidio del columnista del Excélsior, Manuel Buendía. Crimen que al paso de los meses significó la detención de José Antonio Zorrilla, político hidalguense que era entonces el jefe de la policía política nacional, llamada Dirección Federal de Seguridad y apresado justo cuando buscaba cubrirse con el fuero de diputado federal por el distrito de Pachuca.
Sin embargo, aquí la agresión fue contra un solo personaje, sólo que por la relevancia e influencia de Buendía, el hecho a más de 30 años de distancia todavía es recordado. Pero ahora no es un homicidio ni dos, simplemente en las últimas semanas son dos que se suman a los siete que ya van en este 2017 y que se suman a los ¡116 cometidos entre 2000 y 2016! Sangrienta, vergonzosa e imparable racha.
Y bueno, de las acciones que el gobierno debe tomar para proteger al gremio periodístico ya habló Enrique Peña Nieto, justo en un evento en que al pedir un minuto de silencio, algunos fotógrafos allí presentes le exigieron abiertamente: ¡justicia!
Al tiempo que en Hidalgo el diputado Canek Vázquez, con más afanes protagónicos que con verdaderas intenciones de sincero y necesario apoyo al gremio, sube a tribuna su propuesta para que se asignen recursos para operar diversas medidas que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción del ejercicio de la libertad de expresión.
Todo esto mientras la Ley para la Protección de los Derechos Humanos y Periodistas en Hidalgo duerme en el Congreso el sueño de los justos, pues nadie se ha preocupado por crear el reglamento correspondiente que permita ponerlo en vigor. Mientras tanto… es letra muerta, sin diputado alguno que se preocupe por el tema.
Por hoy es todo, nos leemos en la próxima entrega, pero… Entre nos.
Por: José Guadalupe Rodríguez Cruz
*Egresado de la UNAM como licenciado en Derecho y Diplomado por el Instituto de Administración Pública de Querétaro y por la Universidad Iberoamericana en Políticas Públicas. *Regidor Municipal en Tula, Secretario Municipal de Tula, Diputado local en la LVII y LIX Legislaturas en el estado de Hidalgo y Presidente Municipal Constitucional de Tula 2000-2003. *Autor del libro “Desde el Congreso Hidalguense” y coautor del libro “Tula... su Historia” *Director y fundador del periódico bisemanario “Nueva Imagen de Hidalgo”, que desde 1988 se pública en Tula, Hgo.
