Azpeitia y el amparo de la contradicción

Lo más llamativo del caso de Armando Azpeitia es que el choque no viene desde la oposición, sino, otra vez, desde dentro. No es un adversario de otro partido quien está ventilando presuntas irregularidades, sino su propio relevo político y eso convierte la clásica coartada del golpeteo por razones ideológicas en una razón poco creíble.

Hay personajes que se sienten muy cómodos en la protesta, en el micrófono, en la consigna y en el señalamiento permanente. El problema viene cuando les toca gobernar, porque ahí hay que administrar, responder, dejar cuentas claras y entender que el servicio público no se saca adelante con grilla, sino con técnica, orden y responsabilidad y eso es justamente lo que hoy deja muchas dudas en el caso de Armando Azpeitia.

 

Azpeitia fue presidente municipal de San Salvador por Morena y hoy, tras dejar el cargo, se defiende de los señalamientos hechos por su sucesor, también de Morena y Nueva Alianza Hidalgo. Dice que no dejó deudas millonarias, que no teme denuncias y que todo se hizo conforme a la ley y así fue asentado en el acta de entrega recepción, como si ese documento exculpara de responsabilidad a los servidores públicos. Hasta ahí, esa es su versión, pero entonces aparece un dato que desacomoda todo: si de verdad no hay nada que temer y todo se hizo bien, ¿por qué tramitar un amparo ante una posible orden de aprehensión? Porque una cosa es declararse tranquilo frente a los micrófonos, y otra muy distinta buscar protección judicial por si las cosas se complican.

 

Ese contraste dice mucho. Dice, por ejemplo, que no siempre alcanza con el discurso del perseguido político cuando ya se pasó por el poder; y es que ser opositor profesional tiene sus comodidades: se critica todo, se promete todo y la culpa casi siempre es de alguien más, pero gobernar es –o debería ser– cosa seria. Gobernar implica procesos, controles, comprobaciones, entregas limpias, decisiones técnicas, consecuencias reales y responsabilidades más allá del periodo de gobierno. Y cuando alguien como Azpeitia, que viene de la agitación permanente, se topa con esa realidad, a veces descubre demasiado tarde que administrar un municipio no se parece en nada a encabezar una manifestación.

 

Lo más llamativo de todo es que el choque no viene desde la oposición, sino, otra vez, desde dentro. No es un adversario de otro partido quien está ventilando presuntas irregularidades, sino su propio relevo político y eso convierte la clásica coartada del golpeteo por razones ideológicas en una razón poco creíble.

 

También hay algo que convendría decir con todas sus letras: en México llevamos años romantizando al dirigente que protesta, grita, toma espacios y se presenta como conciencia moral del sistema y solucionador verbal de los problemas públicos, pero no todos saben gobernar y menos rendir cuentas.

 

Armando Azpeitia tiene todo el derecho de defenderse y de alegar su versión, pero lamentablemente la escena no deja de ser contradictoria: se denuncian irregularidades en su gestión, él las niega, asegurando que se actuó conforme a la ley… pero se ampara. A veces el derecho dice más que la política.






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