En el Congreso local se propuso que el Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo (TSJH) sea el encargado de integrar mensualmente a los deudores de pensión alimentaria en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA), con el fin de armonizar esta medida a nivel federal y hacer público dicho registro, ya que actualmente en la entidad no es accesible, como lo requiere la Ley Tres de Tres.
La diputada Karla Perales Arrieta, presidenta de la Comisión Permanente de la Niñez, la Juventud, el Deporte y la Familia, presentó la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, la cual facultaría al TSJH para suministrar, intercambiar, sistematizar, consultar, analizar y actualizar dicho padrón.
La propuesta plantea adicionar un artículo 14 BIS en el Capítulo I de la Función Jurisdiccional, así como la fracción 27 BIS al Artículo 20 de la misma Ley Orgánica.
De acuerdo con las activistas Abigail Díaz y Citlali Macías, integrantes de la organización Ley Sabina en Hidalgo, aunque existe un registro estatal, la sociedad no tiene acceso a la información debido a un candado legal que argumenta la protección de derechos humanos de los deudores. Sin embargo, destacaron que esto vulnera el interés superior de la niñez, el cual, señalaron, debe prevalecer en la jerarquía de derechos.
Al respecto, Perales Arrieta recordó que: “Derivado de las reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes desde septiembre del 2023, por el que se crea el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, se establece que los congresos locales y los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas deben adecuar el marco normativo correspondiente”.
