Después de la tragedia donde agentes de investigación de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo fueron agredidos y dos de ellos perdieron la vida frente a una congregación religiosa, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) ha presentado una queja de oficio en una acción reactiva más que preventiva; condición que no alude a un entramado de vanguardia y preservación de un comportamiento de defensa de los derechos humanos en la actual administración que preside Ana Karen Parra Bonilla.
Lo delicado del evento en donde una congregación religiosa responde con beligerancia ante autoridades de la procuración de justicia de Hidalgo, abre un punto de inflexión en los protocolos que deben presentar las autoridades y que deben refinarse para evitar toda clase de tragedias públicas, que requieren niveles de prevención y control público.
En este trazo, los lamentos públicos no inciden en la reparación del daño social y se erigen como un despropósito de una gestión pública impedida frente a sus acciones o de su impericia estratégica.
En este escenario, la ombudsperson Ana Karen Parra Bonilla declaró: “Lamentamos profundamente estos actos y expresamos nuestro apoyo a las familias de los agentes. Estamos con ellas en todo momento y reiteramos nuestro compromiso de dar seguimiento puntual a este caso”. Esta declaración que no es a título de un servidor responsable de dirección pública, porque señala “lamentamos”; vale preguntar ¿quiénes lamentamos?, ¿la sociedad civil en su conjunto?, ¿los servidores de la CDHEH?, esta ambigüedad atroz no asume prioridad de defensa de los derechos humanos, denota impericia pública y despropósito social.
Todo indica que la CDHEH va a contrapelo.
El inmovilismo de la CDHEH no puede estar acompañado por un inmovilismo en la procuración e impartición de justicia en Hidalgo.
La reciente reforma al Poder Judicial no estuvo pensada como una condición cosmética desde el gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino como una nueva arquitectura de justicia que impida la creación de estamentos de privilegios en la procuración e impartición de la justicia, condición de la que el gobierno de Julio Menchaca ha dado una batalla que lo mismo va desde la renovación estratégica y logística del Poder Judicial, hasta las condiciones de Inteligencia Digital en el C5i.
Hidalgo se encuentra en vilo en las condiciones de seguridad pública porque las dimensiones de crecimiento de la delincuencia organizada han generado dimensiones que sobrepasan las lógicas endogámicas y que, ahora, se unen a nuevas infiltraciones que vive el país a nivel internacional.
Si advertimos los problemas de huachicol y la serie de anomias ilegales que se generan paralelamente a esto, entenderemos que lo que inició con el trasiego de combustible para un mercado interno ya trasciende a nivel de bandas delictivas a nivel internacional. En este trazo, la complejidad para atender la procuración e impartición de justicia más los protocolos en seguridad pública en Hidalgo atraviesan por una dimensión que asume realidades diversas e intrincadas condiciones de infiltración, penetración y dinamismo de la delincuencia organizada.
En una atmósfera de análisis crítico, es necesario citar que el Índice de Paz México ha puesto en predisposición una data dura de crecimiento de ilícitos en Hidalgo, que se han ido sumando a las anomias de corrupción que arrastra desde los gobiernos del antiguo régimen la administración de Julio Menchaca. Esto impele un ensamble en la procuración e impartición de justicia que genere condiciones de prevención que armonice y consolide la batalla emprendida en la actual gestión estatal en Hidalgo.
Ninguna institución pública puede ni debe ir a contrapelo. Esto es una derrota anticipada que sólo genera lamentos innecesarios, que no pueden señalar en un escenario de escisión social: “lamentamos”.
